Investigan al presidente del grupo Santander por posible evasión fiscal
La justicia española acogió a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos.
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La justicia española acogió a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad de documentos.
Según el diario español Expansión, los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria sobre una serie de personas con fondos en cuentas de la filial suiza de HSBC, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.
Hasta 50 titulares de las polémicas cuentas de la filial suiza de HSBC se iban a enfrentar a un macroproceso penal, público y ejemplarizante antes del 30 de junio, según adelantó Expansión el pasado 23 de marzo.
Ésta es la Intención de Hacienda, que ha impuesto un calendario ajustado: estos contribuyentes deben responder a sus últimos requerimientos antes de que acabe marzo, con el fin de que la Agencia Tributaria (AEAT) prepare los informes para que la Fiscalía Anticorrupción pueda presentar la querella conjunta en la Audiencia Nacional. El tope, el 30 de junio, cuando prescribirían los presuntos delitos. En juego, unos 6.000 millones de euros de los que Hacienda quiere recuperar el porcentaje que considera que le corresponde.
De esta forma, los contribuyentes, que controlan varias cuentas cada uno, serán objeto de un proceso conjunto, medida excepcional en estos casos. Rostros conocidos de la política o del mundo del espectáculo vivirán un juicio que el Fisco pretende que resulte ejemplarizante. Algunos de ellos no han respondido a los requerimientos de Hacienda. Otros no han dado una “respuesta satisfactoria”, a juicio de la Agencia. Desde la AEAT recuerdan que el proceso penal es el fin lógico del proceso aunque no dan más detalles.