Hace algunas semanas, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) se acercó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para alertar al regulador sobre “una mala práctica que observamos crecientemente en la industria”, solicitando que se adopten medidas para erradicarla.
Se trata del bono pie, específicamente cuando se utiliza a través de una simulación en la que una parte del pago inicial declarado en la escritura no es realmente desembolsada por el comprador.
“Finalmente es un descuento no reconocido y termina por implicar eventualmente que el precio declarado de la vivienda es superior al realmente convenido y pagado”, detalló la ADI a Diario Financiero a inicios de la semana.
A juicio del gremio, esta práctica constituye “una forma desleal de competir, que afecta la credibilidad, la transparencia y la sostenibilidad del rubro”.
Y este miércoles, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) salió al paso y respaldó la postura del gremio inmobiliario, a través de un comunicado interno, enviado por el vicepresidente nacional de la asociación, Orlando Sillano, a todos sus socios.
“Junto con saludarles -y consecuentemente con el deber gremial de velar por el cumplimiento de los principios y valores que compartimos y que hemos suscrito expresamente- les hacemos llegar esta comunicación para insistir en la necesidad de abstenerse de utilizar una de las variantes de la práctica comercial conocida como ‘bono pie’ y que implica declarar en las escrituras un precio superior al efectivamente pagado, con el objetivo de facilitar la obtención de financiamiento hipotecario”, se desprende del primer párrafo de la misiva.
En el escrito, la CChC recordó que en los años 2018 y 2019 ya había transmitido esta postura a sus asociados, reiterando su rechazo a cualquier iniciativa que involucre entregar información al sistema financiero que “no sea absolutamente fidedigna o que pueda afectar la transparencia de las operaciones entre las empresas y sus clientes”.
La asociación subrayó que la confianza pública, la integridad del mercado inmobiliario y la correcta asignación de riesgos en la industria financiera dependen de que toda la información proporcionada a consumidores, instituciones financieras y organismos públicos sea “íntegra, veraz y comprobable”.
Riesgos legales
El gremio también recalcó que, de acuerdo con diversos análisis jurídicos, la simulación del precio en una compraventa inmobiliaria podría exponer tanto a empresas como a personas a consecuencias civiles, administrativas y, en algunos casos, penales.
En este contexto, y considerando la compleja situación que ha enfrentado el sector en los últimos años, la CChC enfatizó que las empresas deben elevar su productividad, reducir costos e innovar en procesos y políticas comerciales, pero siempre dentro del cumplimiento estricto de la ley y de las buenas prácticas de la industria.
“Este es el estándar de conducta que históricamente ha guiado y caracterizado a los socios de la CChC, el cual debemos preservar en beneficio de nuestro sector, de quienes lo integran y de nuestro país, que demanda una conducta empresarial intachable y que contribuya al bien común”, señala la carta.
La misiva concluye subrayando que “como líderes de sus respectivas empresas, ustedes deben ser los primeros en garantizar que cumplamos a cabalidad con estos desafíos e imperativos éticos”.
Los bancos entran al debate
Más allá de las afectaciones dentro de la propia industria, actores del sector inmobiliario advirtieron que este tipo de operaciones también podría generar impactos relevantes en el sistema financiero.
Según explicaron, cuando el pie declarado no corresponde al aporte real del comprador, las instituciones terminan financiando un porcentaje mayor al establecido en sus políticas internas, incrementando así el riesgo asumido por los créditos hipotecarios.
Este escenario, indicaron personas relacionadas a la industria financiera, ha llevado a algunos bancos a comenzar a tomar medidas. Por ejemplo, señalaron que se está siendo más exigente al momento de otorgar créditos y que se están solicitando más antecedentes para respaldar efectivamente que se realizaron los pagos del pie hipotecario respectivo.
Ante este escenario, y consultados por este medio, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) señaló que “el denominado ‘bono pie’, tal como lo plantea la ADI, es simular una operación y, en este sentido, claramente es una mala práctica”.
El gremio bancario sostuvo que, en este escenario, corresponde que la ADI denuncie explícitamente a las inmobiliarias que estarían aplicando estas acciones.
Además, enfatizó que este mecanismo “no afecta a la banca”, ya que existen procesos para validar el valor de las garantías y verificar el pago efectivo del pie en la estructuración de los créditos hipotecarios.
“En línea con lo anterior, sería apropiado que la ADI expusiera los antecedentes que la llevan a plantear que este mecanismo está masificado”, concluyó la ABIF.
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