Una de las grandes críticas que generalmente recibe la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) es que su presupuesto anual es financiado por sus mismos regulados. Cosa que, dicho sea de paso, no ocurre en las otras superintendencias.
Sin embargo, la actual fórmula tendría sus días contados. Esto porque el Senado solicitó a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, mediante un oficio, que envíe una iniciativa legal -ya que es materia exclusiva del Ejecutivo-, para otorgar un aporte público directo al regulador en la Ley de Presupuestos del año 2015, terminando así con su labor recaudadora de fondos. Así, la idea es que la función recaudadora quede en manos de la Tesorería General de la República.
Y si bien las instituciones financieras seguirían derivando igual cuantía de dinero que en el pasado, esta acción pasará ahora a ser considerada como un “impuesto adicional de los bancos al Fisco”, explicó Eugenio Tuma, vicepresidente del Senado y promotor del proyecto. El parlamentario recuerda que hoy son las propias instituciones sometidas a la fiscalización de la SBIF las que deben generar su mantenimiento y, ahora, será el Tesoro público el que recaude los $ 42.000 millones anuales que éstas entregan, según últimos cálculos. Al mismo tiempo, si bien la ejecución presupuestaria de la entidad reguladora asciende a $ 14.000 millones y el monto sobrante es ingresado al Fisco, la cuantía de lo emanado desde la industria financiera se mantendrá intacta.
“Lo impulsado tiene que ver con la transparencia; (...) lo que se solicita es una modificación, mediante una indicación, a la legislación que regula el financiamiento de la SBIF, la que debería contar con una cantidad asignada por la ley de presupuesto, de manera que lo entregue el Tesoro público y no los bancos, porque no se ve bien que un fiscalizador esté siendo financiado por los fiscalizados”, dijo Tuma.
Espíritu del acuerdo
El 14 de octubre pasado el Senado aprobó, con 14 votos a favor y dos abstenciones, el proyecto de acuerdo denominado “Aporte directo en Ley de Presupuestos a Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y transferencia de función recaudadora”. Y, para que no existan dudas respecto a los objetivos de lo impulsado, es decir, evitar potenciales conflictos de interés, en el documento que explica la iniciativa se remarca que “otras instituciones reguladoras -como la Superintendencia de Salud, la de Administradoras de Fondos de Pensiones o la de Telecomunicaciones- son financiadas con aportes fiscales contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Público”. Añade que “la naturaleza pública del financiamiento de los organismos fiscalizadores o reguladores en nada afecta su independencia y autonomía para desarrollar las funciones que les encomienda la ley. Por tal motivo, no existe razón alguna para mantener en la SBIF la tarea de recaudación de los recursos que son utilizados para su financiamiento, menos aún si éstos exceden a sus requerimientos presupuestarios”.
Hacienda estaría a favor
Fuentes cercanas a la discusión aseguraron que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas “ya se ha mostrado disponible” para avanzar en la dirección mencionada. Además, señalaron que como ya existe un acuerdo en la Sala del Senado, el nivel de apoyo sería evidente, por cuanto no existirían barreras para que el cambio de modalidad se realice a la brevedad.
A la SBIF le corresponde fiscalizar a 128 instituciones, entre las que se destacan 18 bancos, 11 sociedades de apoyo al giro bancario, 17 emisores de tarjeta de crédito, 6 emisores de tarjetas no bancarias y 16 sociedades de garantías recíprocas.
De acuerdo a lo planteado por los senadores en el oficio entregado a la Presidenta Bachelet, que los recursos para el funcionamiento de esta Superintendencia sean de cargo de las instituciones fiscalizadas da cuenta de un procedimiento que no es concordante con las responsabilidades y funciones que debe cumplir, profesional y eficientemente, una entidad de tal naturaleza. “Es claro que, si bien no existe argumento alguno para cuestionar su desempeño, se debe reconocer que el sistema de recaudación y aporte por parte de los fiscalizados para su financiamiento no contribuye a fortalecer la imagen y percepción como un organismo autónomo”.
El oficio enviado a La Moneda
El oficio enviado a La Moneda solicita a la Presidenta de la República "el envío de una iniciativa legal que otorgue un aporte público directo a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en la Ley de Presupuestos del año 2015 y que se transfiera su actual función recaudadora a la Tesorería General de la República".
Recuerda, además, que la tramitación de la iniciativa "está terminada" (es decir, aprobada)
Los solicitantes son: Pedro Araya,Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Alberto Espina, Carolina Goic, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Ricardo Lagos Weber, Manuel Antonio Matta, Adriana Muñoz, Manuel José Ossandón, Rabindranath Quinteros, Eugenio Tuma y Patricio Walker.