La Municipalidad de Las Condes, encabezada por Daniela Peñaloza, interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revertir un fallo de primera instancia que condenó a la alcaldía al pago de $ 9.400 millones (unos US$ 10 millones) a la Inmobiliaria Nueva El Golf.
En junio de 2021, la empresa había demandado al municipio por “falta de servicio”, luego que éste -liderado en ese entonces por Joaquín Lavín- paralizara tres veces (por un total de más de 300 días) la construcción de un complejo de dos edificios en Av. Américo Vespucio esquina Renato Sánchez, en el barrio El Golf.
“Ha resultado acreditado que las paralizaciones de las que fueron objeto las obras del proyecto de la inmobiliaria son constitutivas de falta de servicio de parte de la municipalidad, por cuanto son el resultado de actos administrativos adoptados de manera defectuosa, irregular y deficiente, toda vez que lo esperable era que el municipio demandado permitiera a la inmobiliaria demandante ejercer los derechos que le había conferido sin intromisiones ni turbaciones de su parte, que interpretara y aplicara adecuadamente las normas urbanísticas y propiciara que la actora pudiera cumplir su objeto sin perturbaciones”, dice el fallo del tribunal. “Sin embargo, ello no fue así, sino que el servicio funcionó de forma irregular”, añadió.
En su recurso de apelación, el municipio -representado por el abogado Rogelio Erazo- dijo que la parte demandante “ni siquiera señala cuál debía ser el estándar de servicio esperado por parte de la Municipalidad y/o su Dirección de Obras Municipales, considerando las particulares circunstancias de este caso”.
“Si la sentencia se hubiera pronunciado de las alegaciones, excepciones y defensas opuestas a la demanda, la hubiera rechazado totalmente por no haber señalado correctamente la falta de servicio imputable al municipio, o bien, la hubiese eximido de todo pago, al haberse alegado y acreditado la responsabilidad exclusiva de la actora en la ocurrencia de los hechos y la obligación del municipio en orden a adoptar medidas correctivas en relación con la diferencia producida en la superficie real del terreno”, aseguró el jurista.
La disputa
Vecinos a la iniciativa -liderados por el abogado Alberto Dalgalarrando- sostenían que la superficie del predio del proyecto (hoy ya en funcionamiento) contaba con menos de 7.500 m2 declarados por la empresa, situación que implicaba una menor constructibilidad.
“A los pocos días se sumaron a dichas pretensiones influyentes vecinos y otras personas que, en rigor, no eran tales, como el Sr. Felipe Alessandri Vergara, alcalde de la comuna de Santiago a esa fecha”, dijo la inmobiliaria en su demanda, en la cual sostuvo que Joaquín Lavín presionó a la Dirección de Obras de Las Condes para que se paralizara el proyecto, conocido como Vespucio 345, pese a que éste contaba con todas las autorizaciones. “El alcalde decidió apartarse de la legalidad y exceder sus atribuciones”, aseguró.
La inmobiliaria -de los arquitectos Pablo Letelier y Juan José Gana, y representada en el juicio por Sebastián Yanine, socio de Bofill Escobar Silva Abogados- pidió ser indemnizada porque, dijo, la paralización del proyecto trajo consigo “desastrosas consecuencias operativas, contractuales, financieras y, en definitiva, económicas” para Nueva El Golf. Precisaron que el proyecto suponía una inversión total de más de US$ 105 millones y llevaba más de 600 días de ejecución cuando se decretó la primera paralización.
“Tal como establecieron los tribunales superiores de justicia, incluida la Excma. Corte Suprema, en distintas decisiones, la conducta del municipio demandado fue una sucesión de actos ilegales y arbitrarios que determinaron diversas paralizaciones de la obra, todas ilegales”, aseguró.
En su respuesta, el municipio de Las Condes solicitó a la justicia rechazar la demanda: dijo que la inmobiliaria no señaló “la concreta y específica falta de servicio” que se le imputa.
“Las paralizaciones de obras fueron dispuestas para asegurar la eficacia de los actos administrativos terminales, ponderando los antecedentes del caso, como parte de la actividad jurídica de la administración, en el ejercicio de potestades legales, por lo que no es fuente de responsabilidad por falta de servicio”, sostuvo.
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