Tras una serie de contratiempos y líos judiciales, finalmente el próximo 30 de diciembre ISA espera tener completamente operativa la línea Cardones-Polpaico, el mayor proyecto de transmisión eléctrica construido de una vez en Chile.
Hace unos días, Interchile, la filial de la colombiana, le informó a las autoridades esta nueva fecha, que representa una postergación respecto de agosto, que era el plazo que habían fijado para culminar esta mega obra que, con 753 kilómetros de extensión, unirá las regiones de Atacama y Metropolitana, con el objetivo de elevar la capacidad de transporte de electricidad, robustecer al sistema y resolver los cuellos de botella del transporte de electricidad en esa zona del país.
Este déficit afecta, por ejemplo, a los productores de energía renovable no convencional que han visto restringida su capacidad de captar ingresos.
Fuentes de la empresa explicaron que este nuevo desfase se debe a que aún les resta obtener permisos ambientales sectoriales necesarios para la instalación de 30 torres ubicadas en la zona correspondiente al tercer tramo del proyecto.
A ello se suma que les falta tramitar las concesiones de paso de tres predios donde tienen que instalar estructuras, todo lo cual requiere tiempo y, en alguna medida, genera retrasos.
En lo referido a permisos, sigue siendo Conaf la entidad que concentra la mayor cantidad de trámites pendientes, situación que debería tender a reducirse ya que la línea Cardones-Polpaico, que es clave para que la interconexión de los principales sistemas eléctricos del país, que se concretó en octubre, es parte de las 50 inversiones incluidas por el gobierno en el denominado GPS, instancia que busca acelerar la ejecución de proyectos.
Esta nueva fecha pone a ISA al filo del plazo de entrega estipulado en los contratos suscritos en la licitación de este proyecto. Durante el gobierno anterior se había fijado que la fecha de entrega sería diciembre de 2017, pero eso fue solo un adelanto planteado por la exPresidenta Michelle Bachelet, pero no la fecha legalmente establecida, la que en caso de no ser cumplida deja al Estado en condiciones, por ejemplo, de exigir el pago de garantías.
Tramo más complejo
A fines de mayo la firma terminó de energizar la segunda de las tres fases del proyecto, la que conecta las subestaciones Maitencillo y Pan de Azúcar. Se trata de un tendido de 200 km entre parte de las regiones de Atacama y Coquimbo. Esta porción se suma a la primera de 138 km, que está operando desde mediados de diciembre pasado.
Con estos hitos cumplidos, ahora la eléctrica está concentrada en completar la última y más extensa fase de la línea (400 km), entre las regiones de Coquimbo y la capital. De acuerdo con la última información proporcionada por la empresa, en términos generales la construcción presenta un avance de 87%, aunque en el detalle los trabajos alcanzan un 88% en la Región de Valparaíso y 67% en la Metropolitana.
Este mega línea involucra una inversión que supera los US$ 1.000 millones y obras que comenzaron a ejecutarse durante el primer trimestre de 2016.
La megalínea eléctrica considera instalar más de 1.700 torres que cruzan por veinte municipios, de los cuales 14 están en la zona correspondiente al tercer tramo, que desde el inicio ha sido el más complejo, ya que ha enfrentado la oposición de comunidades y de importantes empresarios que rechazan su trazado lo que incluso obligó a la empresa a realizar cambios en un proceso cuyo trámite también implicó retrasos.
Nueva judicialización
La comuna de Zapallar ha sido particularmente hostil a este desarrollo, aunque lo propio han hecho otras comunas. Lo más reciente se dio en Limache, también en Valparaíso, donde el fallo de un Juzgado de Letras ordenó la paralización de las obras en uno de los predios donde la empresa mantiene maquinarias y equipos.
Una empresa agrícola reclama que la eléctrica no realizó en forma debida la notificación para obtener la servidumbre de paso de la línea por sus terrenos. Esto les habría impedido realizar observaciones e impugnar la solicitud, ya que el tendido eléctrico atentaría contra un proyecto inmobiliario que tendrían en carpeta. Respecto de este caso la empresa había suspendido los trabajos antes del fallo porque reubicará las dos torres involucradas en el trazado de la línea originalmente aprobado.
Conocedores de la situación de la empresa comentan que en esta fase, cuando las obras se están ejecutando en áreas más pobladas, serán recurrentes este tipo de acciones judiciales que buscan impedir la construcción como una forma de presionar por otros intereses.
Lo que estaría sucediendo en varios de estos casos es que terrenos en los que la empresa alcanzó acuerdos económicos para el paso de la línea, habrían cambiado de dueño y los actuales propietarios, con conocimiento o no de estos acuerdos previos, estarían buscando acceder también a compensaciones.
De todas formas, la nueva fecha informada por la empresa tendría incorporado el impacto de estos nuevos procesos legales que seguirían activándose.
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