639 observantes hubo en la etapa de participación ciudadana.
Un sorpresivo desvío tomó el proyecto H2 Magallanes de la compañía multienergías TotalEnergies H2, iniciativa que contempla la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno renovable (H2V). Esto representa la inversión más alta ingresada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con un desembolso estimado de US$ 16 mil millones.
El 16 de septiembre la firma presentó un escrito al director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, José Luis Riffo, en que comunica que requiere de mayor tiempo que el otorgado para responder el Informe Consolidado N° 1. En consecuencia, solicita que se extienda la suspensión que resta para finalizar el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la obra. La fecha que pide para entregar los antecedentes es el 31 de marzo de 2027.
Tras el ingreso del proyecto el 5 de mayo, el 7 de agosto se publicó el primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al EIA (Icsara). Y si bien la respuesta (adenda) al Icsara -texto que consolida los comentarios de los organismos del Estado con competencia ambiental- se debía entregar el 23 de septiembre, la empresa formalizó lo que se presumía.
“Se requiere evaluar y desarrollar optimizaciones al diseño del proyecto, así como una profundización en el desarrollo de la ingeniería asociada a los PAS”, señaló la firma al SEA.
En el documento presentado el martes, firmado por el gerente general de TotalEnergies H2 en Chile, Antoine Liane, la sociedad da sus razones para solicitar que se extienda el plazo.
Una de ellas es la revisión técnica del diseño del proyecto. Según explica la firma, basada en las observaciones efectuadas, “se requiere evaluar y desarrollar optimizaciones al diseño del proyecto, así como una profundización en el desarrollo de la ingeniería asociada a los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), con el objetivo de responder adecuadamente a las observaciones técnicas formuladas por la autoridad, las que apuntan a la entrega de mayor detalle de las obras, partes y acciones del proyecto, así como también a las medidas ambientales, compromisos voluntarios y seguimientos propuestos por este titular”.
También reconoce la necesidad de campañas de terreno adicionales. En lo que se refiere a arqueología, la firma requiere realizar la caracterización subsuperficial de los hallazgos identificados en el área de influencia. “Dadas las condiciones meteorológicas, estos es solo posible realizarlos con la mayor seguridad para los especialistas, durante la temporada de primavera y verano”, advierte.
Respecto a ecosistemas marinos, la compañía indica que, para complementar las observaciones de mamíferos marinos y pingüinos de Magallanes, requiere levantar información de terreno en las temporadas primavera-verano 2025-2026 y otoño-invierno 2026, esta última, de acuerdo a los registros de línea de base efectuados.
En cuanto a estudios de aves, se solicita realizar una modelación del riesgo de colisión para todas las especies registradas que sean susceptibles de chocar con aerogeneradores, de acuerdo al criterio Giz y Myotis. “Se solicita considerar campañas adicionales, las que podrían extenderse hasta otoño-invierno 2026”, añade.
Pero no solo eso. La firma sostiene que, en flora y vegetación, se le pide –por ejemplo- realizar campañas específicas en época idónea para detectar posibles especies endémicas. Asimismo, se plantea una complementación de la caracterización del suelo.
Entre otras actividades, se suma el procesamiento y análisis de información, y el análisis y elaboración de respuestas al Anexo de Participación Ciudadana (Anexo PAC). De hecho, el fin de la participación ciudadana fue el 20 de agosto y en ese período participaron un total de 639 observantes.
Así, de acuerdo al cronograma, el ingreso de la adenda será en marzo de 2027.
El plazo -según fuentes consultadas- es un período extenso. Eso sí, recalcan que no representa que se congele el proyecto, sino más bien que se suspende la tramitación para trabajar en éste.
De acuerdo con el acta de una reunión del 10 de septiembre, entre la empresa y el SEA, ya había luces de lo que vendría. “Se trataron temas relacionadas a la realización de nuevas campañas de terrenos y los plazos asociados”, se consignó.
Consultados, desde la empresa indicaron a DF que, considerando la escala del proyecto previo al ingreso al SEIA “siempre consideramos un plazo mínimo de 12 meses; luego de revisar las observaciones optamos por un plazo amplio”. Y agregaron: “Aún no hemos recibido el Icsara ciudadano, por lo que está pendiente el análisis de las observaciones surgidas del proceso de participación ciudadana y la elaboración de las respuestas correspondientes. Durante este período mantendremos un trabajo directo con el SEA y los servicios involucrados, con el compromiso de acortar los plazos”.
Por el momento, se está a la espera de lo que resuelva el SEA donde puede acoger o no la petición. O, incluso, acoger la solicitud pero por un tiempo menor al propuesto.
Las observaciones
De los comentarios que se consigna en el Icsara, destacó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). También sorprendió el fuerte cuestionamiento desde la Municipalidad de San Gregorio , que manifestó su rechazo a la “actual insuficiencia del EIA en la evaluación de una serie de impactos ambientales significativos que el proyecto generará en nuestro territorio y sobre nuestros habitantes”.
En tanto, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena se pronunció en forma desfavorable sobre el EIA porque “el titular no realiza análisis de relación del Proyecto con el Instrumento de Planificación Regional, Política Regional de Desarrollo Social y Humano 2024-2030”.
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