Alerta entre las autoridades de libre competencia generó la propuesta del Ministerio Público que busca que este pueda investigar y perseguir paralelamente los delitos de colusión.
En un seminario realizado esta mañana por el Centro de Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez, el fiscal económico nacional, Ricardo Riesco, señaló que "sin caer en inmovilismos, queremos advertir explícitamente de un riesgo: las soluciones que buscan alejar a la FNE de la persecución de los carteles pueden dejarnos sin pan ni pedazo".
"Hay un riesgo de que, por trasladarnos exclusivamente, anticipadamente o introspectivamente a sede penal, nos quedemos sin detectar ni sancionar carteles, y por tanto, sin compensar los perjuicios causados por los carteles a los consumidores nacionales ¿Alguien cree seriamente que habrá delaciones compensadas -el principal mecanismo de detección de carteles no sólo en Chile, sino que en el mundo entero- si es que hubiera investigaciones paralelas?", planteó.
Riesco señaló que el sistema sí ha sido efectivo, y a modo de ejemplo, indicó que en el lapsus de 10 años –a contar de 2008, cuando se dio a conocer el caso farmacias- han perseguido, investigado y sancionado carteles por cerca de US$ 150 millones, lo que se traduce en más de 200 personas naturales y jurídicas perseguidas y sancionadas por colusión.
Con todo, dijo que creen que en un futuro cercano -aunque no inmediato-, se estará en condiciones de mostrar la efectividad de la investigación en sede administrativa, en obtener sanciones penales en caso de corrupción.
El presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Enrique Vergara, se limitó a señalar que "es clave que la delación compensada siga funcionando, no podemos debilitarla. Está ampliamente comprobado –y lo dijo el ministro- que es la mejor y más eficaz herramienta para perseguir a un cartel".
En cuanto al desempeño del sistema, Vergara coincidió con Riesco en que este sí funciona. "El hecho de que se hayan investigado y sancionado los casos más bullados de corrupción que se han conocido en los últimos años, demuestra que el sistema sí está funcionando. De lo contrario, dichos casos no habrían salido a la luz pública. No porque no existieran, sino porque la autoridad no habría tenido las herramientas para descubrirlos", dijo.
Agregó que "con lo anterior no quiero decir que esté todo resuelto y no se necesiten reformas. Al contrario, bienvenidas todas aquellas propuestas que apunten a fortalecer el sistema de libre competencia (...) Los desafíos son significativos por la complejidad de los asuntos que el tribunal debe conocer. Y no estoy hablando solamente del problema sustantivo o de fondo que cada caso presenta, sino también de la discusión procesal. Esto también nos ha hecho replantearnos la eventual necesidad de una reforma sustantiva respecto de nuestros procedimientos", culminó.
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