La nueva Ley General de Bancos (LGB) era una de las apuestas seguras a tener una tramitación rápida y sin contratiempos en el Congreso.
Ello porque luego de que fuera despejada la duda respecto a la implementación de las mayores exigencias de capital por Basilea III, varios anticipaban que el que se ha convertido en el "caballito de batalla" del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, iba a ser aprobada sin problemas.
Sin embargo, la realidad está bastante alejada de las aspiraciones del secretario de Estado, quien esperaba que estuviera avanzada en su trámite legislativo antes de que comenzara la discusión del Presupuesto 2017, en un mes más. Ello debido a que no existe acuerdo respecto a uno de los puntos eje del proyecto de Valdés -que sería el único 100% de su autoría-, y que se refiere a la prevalencia de la figura única del superintendente de Bancos (SBIF), y no a la opción apoyada por la banca, que es similar a como opera el Banco Central (conocido como modelo colegiado).
Parlamentarios adelantan debate
Según cercanos al ministerio de Hacienda, mantener una figura "fuerte" del superintendente de Bancos no está en discusión: va a mantener su gobierno corporativo unipersonal. De hecho, pese a que varios creían que el cambio a un gobierno colegiado se podía dar en la discusión en el Congreso, esto fue desestimado por conocedores del proyecto.
Pero el debate ocurrirá de todas formas. Según explicó el diputado DC Fuad Chahín, integrante de la comisión de Hacienda, es difícil poder explicar que continúe (la SBIF) como un órgano unipersona. Creo que lo importante aquí es poder ir generando gobiernos corporativos colegiados, donde efectivamente se garantice la objetividad de las decisiones que se toman", afirmó el parlamentario, recordando que en la Comisión de Valores "estamos justamente avanzando desde una superintendencia unipersonal a un gobierno corporativo colegiado, y debiéramos tener la misma disposición para la situación de los fiscalizadores de bancos. Creo que no hay ninguna explicación para tomar una decisión contraria".
En la misma línea, el senador PPD Eugenio Tuma - quien forma parte de la misma instancia pero en la Cámara Alta-, comentó que lo recomendable sería "migrar hacia una figura más colectiva, similar a lo que se está haciendo con la Comisión de Valores, donde hay una misma razón y disposición".
Sin embargo, modificar el proyecto es visto como una posibilidad remota. Ello porque según el senador, en el parlamento están "bastante limitados" para hacer indicaciones que agreguen gastos. "Si nosotros agregamos un sistema más colectivo que el unipersonal es inadmisible desde el punto de vista netamente reglamentario, a menos que haya un patrocinio del Ejecutivo", detalló.
Por su parte, José García Ruminot, senador RN y quien también forma parte de la comisión, recordó que lo mismo ocurrió con el Sernac, donde también se había pedido un consejo directivo que tomara las principales determinaciones respecto de políticas que tiene que llevar adelante el servicio lo que finalmente no ha sido posible. "Si el Ejecutivo lo va mandar (el proyecto) manteniendo el carácter de conducción unipersonal, va a ser bastante difícil cambiarlo en el proceso legislativo. Además es una decisión exclusiva del Ejecutivo en el sentido de que los parlamentarios no tenemos iniciativa de ley para cambiarlo", dijo.
En la otra vereda, el diputado UDI Patricio Melero, afirmó que si bien es un debate que se va a dar de todas maneras, "me gusta más la figura de una autoridad con los resguardos y los contrapesos necesarios en su proceso de toma de decisiones, pero que sea una autoridad".
Pero ¿cuál es el problema con este modelo? Según comentan fuentes del sector, el punto de la discrecionalidad con la que cuenta el regulador, para interpretar la norma, se ha vuelto un punto crucial para la industria, ya que "abundan los ejemplos sobre cómo afecta a la certidumbre jurídica".
Y para ello, recuerdan uno de los episodios más polémicos del último tiempo: la multa por US$ 30 millones que aplicó la SBIF a Corpbanca, por haber superado los límites de crédito a un mismo emisor, en el caso de las sociedades Cascada. Y el problema no estaría en la multa en sí, sino en el hecho de que en el primer trimestre de 2010, la institución entonces aún controlada por Álvaro Saieh otorgó un crédito de US$ 115 millones al Fondo de Inversión Privado (FIP) Synergia -usado para acudir a un aumento de capital de SMU-, y la superintendencia entonces liderada por Raphael Bergoing no cuestionó que el banco no lo considerara como crédito entre relacionados.
En la misma línea, apuntan a otro hecho de esa administración, relacionada con la derogación de normas que permitían alzas unilaterales en las comisiones por los bancos -terminando así con el "consentimiento tácito"-, y que aún no ha sido reemplazada por una normativa nueva. Entre sus efectos, agregan, estaría el no poder participar en el negocio de tarjetas de prepago.
Los pro y contra
Son varias las razones que se esgrimen desde cada posición a la hora de argumentar cuál modelo de gobierno corporativo funcionaría mejor en la SBIF.
A favor de mantener el gobierno unipersonal, se menciona que si pasa a ser colegiado, aumenta la posibilidad de que el regulador termine siendo "repartido" entre los partidos políticos que acompañen al gobierno de turno, politizando así su función. Además, mencionan que actualmente el fiscalizador mantiene un método de consultas con el Banco Central, lo cual hace que en algunos aspectos las labores sean complementarias. Por otro lado, mantener un sistema parecido a un consejo implicaría aumentar el presupuesto de la superintendencia, posibilidad a la que en Hacienda -de la cual depende la SBIF- no estarían abiertos a discutir.
Pero esos argumentos son refutados por quienes avalan el cambio a la estructura del regulador. Respecto del hecho que pueda ser usado como instrumento de cuoteo político, señalan que el modelo del mismo Central -considerado un ejemplo de independencia-, podría ser replicado sin problemas en la entidad. Sobre el incremento que generaría en su presupuesto, recuerdan que por ley, son los mismos fiscalizados los que la financian a través de una contribución semestral equivalente a "un sexto de uno por mil de sus activos", entregado a Hacienda, y que generalmente más del 50% del monto total se queda en el fisco ya que los aportes superan largamente la partida definida por esa cartera.
De todas maneras, la posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo vaya a cambiar es considerada "nula" por quienes conocen la iniciativa. Entonces, ¿cómo aspiran a conseguir que el superintendente cuente con un "contrapeso"? Nuevamente, las miradas apuntan al Banco Central, ya que es visto como una alternativa viable, que no incorpora mayores cambios al proyecto, que el ente rector deje de tener un rol meramente consultivo en algunas materias relativas para que pase a formar parte de ciertos dictámenes. Es decir, que el regulador deba contar con el consentimiento del consejo para tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, derogar artículos de la normativa considerados sensibles o la misma aplicación de sanciones.
Caso Walmart, el ejemplo de la banca para pedir regular el prepago
Según comentó el ex gerente general de la ABIF y director de empresas, Alejandro Alarcón, todo lo que sea pagos electrónicos se rige por normas bastante precisas.
"Los bancos tienen razón en no querer participar mientras el regulador no emita normativa específica sobre el tema", comentó el economista, ejemplificando las materias sobre las que, concretamente, el regulador debe pronunciarse, aludiendo a los parámetros de seguridad para los usuarios, la operación de los sistemas de recarga, entre otras materias.
Por otro lado, desde la banca señalan que si bien las tarjetas de débito y la "carretera" por donde pasan sus transacciones debieran ser por lógica las elegidas para operar como prepago, justamente la falta de definiciones impide usarlas para ello. En ese sentido, agregan, hay una asimetría, ya que la Bip! de Metro podría participar en ese negocio ya que cuenta con menos trabas normativas.
Walmart
Son varios los estudios de abogados en EEUU reuniendo clientes de Walmart para entablar acciones de clase debido a que a mediados de mayo pasado, los clientes de la tarjeta de prepago Walmart MoneyCard Visa y los plásticos del mismo sistema de MasterCard, no pudieron usarlas ya que "el sistema estaba caído", y no podían acceder a sus fondos.
Y ésta no es la primera vez que la cadena sufre por este negocio. En 2014 lanzó un plástico de prepago para los servicios de telefonía de cuatro marcas, operadas por TracFone Wireless. La acusación apuntaba a que se ofrecía un servicio ilimitado, sin embargo, meses después la velocidad de conexión habría bajado considerablemente. Pese a que la acción de clase fue interpuesta por ambos, finalmente este año la telefónica pagó US$ 40 millones para el fondo de compensación de usuarios.
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