La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, sigla en inglés) otorgó este miércoles a las empresas que cotizan en bolsa una nueva y poderosa herramienta para frenar las demandas de accionistas, mientras su presidente, Paul Atkins, prometía “hacer las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) de acciones grandes otra vez”.
El regulador anunció que ya no impedirá que las compañías ingresen a los mercados públicos si estas prohíben a los accionistas presentar demandas colectivas, rompiendo con una política de décadas en un intento por aliviar requisitos de cumplimiento y cumplir con el impulso desregulador del presidente Donald Trump.
La nueva política, que permite a las empresas cotizadas exigir arbitraje en las reclamaciones de los accionistas, trasladará las disputas fuera de la exposición pública del sistema judicial. La comisionada Hester Peirce, que apoyó el cambio, dijo que “el mercado hará un mejor trabajo que nosotros evaluando” su uso.
Atkins prometió hacer de las salidas a bolsa “una propuesta atractiva para más empresas eliminando requisitos de cumplimiento que no brindan una protección significativa a la inversión, minimizando la incertidumbre regulatoria y reduciendo la complejidad legal en todo el manual normativo de la SEC”.
Agregó que los próximos pasos de la SEC incluirán más apoyo para compañías recién listadas o más pequeñas, así como “expandir la capacidad de las empresas posteriores a OPI de acceder fácilmente a los mercados públicos para recaudar capital adicional”. La agencia preparará recomendaciones sobre cada uno de estos temas, señaló.
Críticas desde el Congreso
Las medidas se dan en un contexto en que los reguladores designados por la administración Trump adoptan una postura más favorable a los negocios, retrocediendo en regulaciones y en estrictas agendas de fiscalización implementadas bajo el expresidente Joe Biden.
Legisladores demócratas y grupos de defensa de los inversionistas han advertido sobre el riesgo de limitar la capacidad de los accionistas de demandar a las empresas. En una carta a la SEC, las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Jack Reed advirtieron que esto “sería un error significativo, poniendo en riesgo a los inversionistas y a los mercados”.
Los defensores de los accionistas sostienen que la medida podría reducir la transparencia y desequilibrar el poder en favor de las corporaciones, socavando los beneficios que históricamente han atraído a inversionistas a los mayores mercados de capitales del mundo.
Un cambio de política no abriría de inmediato las compuertas al uso del arbitraje obligatorio, sin embargo. El estado de Delaware —donde se constituyen la mayoría de las empresas que cotizan en EEUU— prohíbe específicamente el uso de arbitraje en demandas federales de valores.
Pero Delaware también está enfrascado en una batalla por la supremacía con estados rivales como Texas y Nevada, a los que cada vez más empresas se han trasladado en los últimos años.
Las compañías que cotizan en EEUU pagaron un total de US$ 3.700 millones en acuerdos de demandas colectivas de valores en 2024, según un recuento de la Escuela de Derecho de Stanford y Cornerstone Research. El número de acuerdos ha oscilado entre un mínimo de 72 y un máximo de 105 en la última década, con pagos totales a los accionistas entre US$ 1.900 millones y US$ 7.400 millones.
La comisionada de la SEC Caroline Crenshaw, designada por los demócratas y que se opuso a la nueva política, contrastó las sumas obtenidas por los accionistas a través de demandas colectivas con el monto devuelto a los inversionistas perjudicados como resultado de las acciones de cumplimiento de la propia agencia, que totalizaron US$ 345 millones el año pasado. Algunas compañías podrían inclinarse por el arbitraje obligatorio, señaló, porque “prefieren conservar sus ganancias mal habidas”.
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