Este jueves, el mismo Presidente de la República, Gabriel Boric, fue quien encabezó la promulgación del nuevo articulado de fraccionamiento pesquero, esto es, el corazón de la Ley de pesca, que distribuye las cuotas entre artesanales e industriales.
Acompañado del ministro de Economía, Nicolás Grau, y el subsecretario de Pesca, Julio Salas, el mandatario declaró: “Somos empleados del pueblo, no de los poderes fácticos o las grandes empresas".
En una declaración enviada a DF, el gerente general de la pesquera y salmonera Camanchaca, Ricardo García Holtz, insistió en sus críticas al proyecto, señalando que durante el año de tramitación, el debate legislativo se vio enturbiado por una narrativa "construida para contraponer y polarizar a la pesca industrial contra la pesca artesanal mediana y pequeña, presentando esta iniciativa como el enfrentamiento de poderosos contra vulnerables o de ricos contra pobres, todo lo cual no tiene ningún fundamento en la realidad".
Cabe recordar que el propio Gobierno ha cifrado en US$ 160 millones el traspaso desde el sector industrial al artesanal a través de la nueva normativa. García planteó que esto afecta particularmente a la Región del Biobío y que le preocupa el precedente: "Se reescribieron las reglas sin diálogo técnico profundo, sin respeto por derechos legítimamente adquiridos y sin indemnización alguna, dando así una señal de la debilidad en el respeto de las garantías constitucionales en el país".
Camanchaca, de hecho, ya había anunciado acciones legales contra el Estado, acusando que se vulneraron sus derechos adquiridos y su patrimonio al alterar el régimen de licencias vigente.
"Las empresas industriales no pidieron privilegios, solo pidieron reglas claras y estables (...) Lo hicimos con transparencia y de cara al país, sin esconder nuestra posición, con la conciencia tranquila de quienes han construido desarrollo, empleo y valor para sus comunidades. El Congreso optó por el camino fácil, dejándonos ahora como único camino acudir a los tribunales, confiando en la justicia como último resguardo institucional", explicó García al respecto.
No obstante, el ejecutivo sostuvo que "el sector privado no puede quedarse en el lamento. Nuestra vocación no es victimizarnos, sino construir y progresar. No nacimos para mirar por el espejo retrovisor, sino para avanzar. Las empresas existen para crear donde antes no había, para generar nuevo empleo, más progreso y mayor bienestar. Las utilidades no son nuestro fin último, pero sí el combustible indispensable para invertir, crecer y multiplicar valor para todos".
Por eso sostuvo, como empresa "reafirmamos nuestro compromiso con Chile", país que a su juicio, "tiene ventajas naturales extraordinarias en esa economía, pero con ellas viene también una responsabilidad ética: no desaprovecharlas. Aun cuando el marco legal haya cambiado, sabremos adaptarnos, reconfigurar nuestras operaciones, ajustar nuestros talentos e inversiones y, por supuesto, recurrir a la institucionalidad para obtener las reparaciones que la ley contempla".
"Quienes celebraron esta ley como una victoria política, deben pensar que el desarrollo de un país no se construye debilitando a quienes generan valor", lanzó el gerente.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Martín Baeza
{{/if}}
