La batalla de las plataformas online de casinos por cambiar el trato que les dan en Chile está lejos de terminarse.
Durante el primer semestre de este año, el asesor de Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin, Betwarrior y 1Xbet, Carlos Baeza, interpuso dos querellas contra la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) por excederse de sus facultades en 2023; además de una tercera arremetida contra Polla Chilena de Beneficencia por competencia desleal.
Todas estas acciones judiciales fueron impulsadas por el diagnóstico posterior al fallo de la Corte Suprema del 12 de septiembre de 2023, que bloqueó 23 sitios de apuestas. Y si bien, la industria continúa funcionando hasta hoy, el pronunciamiento sirvió como argumento a sus detractores para calificarlos de ilegales.
“Este diseño institucional es bastante anticuado, y relacionado con las privatizaciones. Sin embargo, esa figura que es eminentemente política en Chile, a nivel mundial ha ido cambiando”.
Pese al tormentoso período, Baeza y su equipo no bajaron los brazos. El abogado decidió dar un giro a su estrategia y mirar qué factores provocaron este escenario, qué hacer y qué falta para recuperar el terreno perdido.
Fue así que surgieron dos grandes temas: impulsar la modernización de la SCJ y, en segundo término, entregar cifras reales del impacto de las plataformas de casinos a Chile, pero a través de un organismo independiente.
Un regulador “chapado a la antigua”
No fue una, sino tres las solicitudes por la Ley del Lobby que Carlos Baeza envió a la SCJ para reunirse con la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán. Sin embargo, todas fueron rechazadas.
La razón, cree el abogado, es que el organismo es “chapado a la antigua”, con un diseño institucional “anacrónico” y cargado más hacia el lado más político que técnico.
“Este diseño institucional es bastante anticuado, más bien relacionado con lo que pasó a principios de 1980, con las privatizaciones. Sin embargo, esa figura que es eminentemente política en Chile, a nivel mundial ha ido cambiando. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo una serie de recomendaciones para la modernización de esta estructura y su gobernanza.Ahora, las superintendencias son agencias reguladoras, organismos colegiado e independientes, vale decir, son autónomas y sin esta carga política”, precisó Baeza.
La propuesta de las plataformas de casinos es que en el marco del proyecto de Ley que está en trámite en el Senado, se puedan abrir para una modificación de la SCJ. ¿El plan?, replicar lo que pasó con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), que dio paso a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Bajo la mirada de Baeza, esta propuesta es perfectamente posible en Chile, pues hay una serie de proyectos en otras materias -como el Servicio de Impuestos Internos (SII) o Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)- que incluirían elementos similares, con el objetivo de disminuir la interferencia política.
“Desde el Ministerio de Hacienda han subestimado la importancia de esta industria a nivel mundial. Creo que nos han mirado muy por sobre el hombro, desde todos los puntos de vista. En primer lugar, por el supuesto de que se trata de una actividad ilegal. Y, segundo, hay una subestimación del impacto en materia de recaudación fiscal”, apuntó.
Más de 2.000 actores
Carlos Baeza dijo que hoy más que nunca es necesario dimensionar el real impacto de la industria de las plataformas online: número de competidores, ingresos, jugadores y potencial aporte fiscal.
La agrupación no maneja cifras de sus miembros. “Nos juntamos por un objetivo en común: lograr el avance de la regulación en Chile. Por ende, no estamos coordinados para repartirnos el mercado ni compartimos información comercial”, precisó. Aun así, hace unos meses el abogado comenzó a mirar fuera del país para contratar a una compañía de data science, que pudiese rastrear la dimensión de la industria. “Creemos que las autoridades tienen una errada visión de la industria. Hace un par de días, en una nota para un medio local, el fundador de Betwarrior, una compañía auspiciadora de la selección argentina de fútbol, comentó que su aporte al fisco argentino en 2023 fue de US$ 150 millones”, comentó Baeza.
Y, aunque el asesor reconoció que en Chile el impacto probablemente no sería necesariamente el mismo, el hecho de que un solo actor aporte mucho más que el cálculo total del Ministerio de Hacienda, que bordea los US$ 50 millones en 2022, revela mucho.
Argumentó que si bien Chile tiene menos población, reúne una serie de condiciones que lo sitúan muy por encima de la mayoría de los países de Latinoamérica, como uno de los mayores ingresos per cápita, una alta tasa de bancarización, altos niveles de conectividad y acceso a internet y una de las mayores velocidades de navegación.
“Si uno hace una analogía simple basada en la información de Betwarrior, la cifra de recaudación sería muy superior. Todo es una suposición. Pero, más allá del resultado, tenemos una sensación de que la estimación que hace Hacienda del potencial de recaudación fiscal es muy insuficiente. Los datos que tenemos es que en Chile hay más de 2.000 plataformas”, remató el abogado.
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