El Ministerio de Obras Públicas y Nuevo Pudahuel -la sociedad a cargo de la concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez- llegaron a un acuerdo tras cinco años conflicto, tal como fue adelantado por Diario Financiero a principios de febrero.
Este miércoles se publicó en el Diario Oficial el decreto que da curso a la modificación contractual que tiene como sus principales modificaciones: una extensión de la concesión por un periodo de tres años; que la empresa reciba un mayor porcentaje de los ingresos totales de la concesión; y que se deponga la demanda arbitral internacional que inició la compañía.
Cinco años de conflicto
Para hacer memoria, los orígenes del conflicto se retrotraen a la pandemia por Covid-19. Con la fuerte caída del tráfico aéreo, Nuevo Pudahuel -cuyos accionistas son dos firmas francesas, ADP International y Vinci Airports- alegó que el equilibrio económico del contrato se había visto truncado, estimando que, hacia el final de la concesión (inicialmente 2035), los ingresos comerciales caerían en cerca de US$ 323 millones.
El caso terminó judicializándose y tuvo varias etapas, pasando por el Panel Técnico de Concesiones, la Comisión Arbitral y la Corte de Apelaciones. Estas dos últimas instancias instruyeron a ambas partes formar una mesa de trabajo y, así, se terminó por llegar a un acuerdo entre la compañía y la cartera hasta hoy liderada por Jessica López.
Las condiciones ya se habían pactado en septiembre pasado, pero aún estaba pendiente el visto bueno de Contraloría, lo que finalmente llegó el 5 de febrero, permitiendo que se consolidara la modificación contractual.
Antecedente clave para el proceso fue que la mentada Comisión Arbitral declaró que la pandemia fue un hecho sobreviniente que provocó “ la pérdida de la conmutatividad del contrato de concesión en perjuicio de la Sociedad Concesionaria y que, como consecuencia, el MOP tiene la obligación de restablecer dicha conmutatividad contractual mediante una modificación de las características de las obras y servicios del contrato”.
Plazos y montos
En el decreto supremo publicado en el Diario Oficial, como se dijo, se selló la extensión del contrato por un periodo de 36 meses, es decir, hasta fines de 2038, ciertamente, incorporando obligaciones para Nuevo Pudahuel durante ese lapso adicional.
Por ejemplo, el acuerdo establece que, durante el periodo de extensión, el MOP podrá instruir a la concesionaria para ejecutar obras de mantención y/o conservación mayor en el área de conservación. La sociedad, según se estipula, deberá financiar dichas obras hasta un monto máximo total de UF 357 mil, esto es, unos US$16,5 millones.
Posteriormente, tras revisión del Inspector Fiscal, el MOP reembolsará estos montos a Nuevo Pudahuel a valor proforma, esto es, según los desembolsos efectivamente incurridos por la firma, que deberán ser acreditados por la misma.
El otro aspecto medular es el cambio en la distribución de los dineros. Hasta el día de hoy, la empresa entregaba un 77,56% de los ingresos comerciales de la concesión al Estado de Chile. Ahora, ese porcentaje bajará a un 73%, por lo que Nuevo Pudahuel pasará de quedarse con el 22,44% al 27% de los ingresos.
El caso en el Ciadi
La otra arista clave del acuerdo es el cese de las disputas que aún quedaban abiertas relativas a este caso.
En primer lugar, una vez perfeccionada la modificación del contrato, la sociedad (o ambas partes de común acuerdo) presentará un escrito ante la Comisión Arbitral donde considerará que las obligaciones del MOP -bajo la sentencia arbitral dictada por ese mismo organismo- ya se encuentran cumplidas.
“En ese mismo acto, la Sociedad Concesionaria otorgará a la Dirección General de Concesiones y al MOP el más amplio, completo y total finiquito, y renunciará a efectuar cualquier otra reclamación que pudiera haberle correspondido, directa o indirectamente, respecto de las materias tratadas en dicho arbitraje”, se detalla en el acuerdo.
En segundo lugar, también se hicieron compromisos respecto al caso que abrieron las firmas francesas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en su calidad de inversionistas extranjeros.
Según lo publicado en el Diario Oficial, los accionistas demandantes se desistirán del arbitraje en el Ciadi mediante un procedimiento delineado en el protocolo de acuerdo de septiembre pasado.
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