Más de 1.200 vecinos de Quintero y Puchuncaví han aceptado ser parte de una demanda colectiva contra AES Andes pidiendo una indemnización de US$ 90 millones por daños morales y físicos provocados por la termoeléctrica que tenía la firma, y que, a fines del año pasado, vendió a Quintero Energía.
La demanda acompaña un informe que concluye que las emisiones del complejo se asocian a 563 muertes, 1.117 atenciones de urgencia, 575 nacimientos de niños con bajo peso y 238 partos prematuros. AES no quiso referirse al tema.
La acción -que lidera el abogado Miguel Fredes- no destaca solo por la cuantía y nuevos estudios con los que intentan probar el daño, sino porque será un fondo de inversión especializado en financiar litigios llamado Loopa Finance, con operaciones en Latinoamérica y Europa, el que asumirá parte de los costos legales, de estudios, peritajes y análisis. A cambio, si es que los vecinos ganan la demanda o se logra un acuerdo con la empresa, se quedará con una parte del monto.
El equipo legal ya presentó una medida prejudicial ante el 18º Juzgado Civil de Santiago pidiendo a AES la exhibición de una serie de documentos para desentrañar las sociedades que tenía la firma controladora del complejo termoeléctrico en Ventanas. La solicitud ya fue aprobada por el tribunal y está a la espera de recibir los documentos.
Además, la defensa legal presentó como prueba un estudio científico independiente con el fin de demostrar el daño concreto que habría provocado AES Andes (en esa época llamada AES Gener) mientras eran dueños de las centrales a carbón y éstas funcionaban a su máxima capacidad.
El estudio
La acción legal acompaña un estudio del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA) a cargo de los científicos Erika Uusivuori, Jamie Kelly, Vera Tattari y Kaiyu Chen, que concluye que las emisiones del complejo entre 2013 y 2020 están directamente asociadas a 563 muertes, 1.117 atenciones de urgencia por asma, 575 nacimientos de niños con bajo peso, 238 partos prematuros y más de 300.000 jornadas laborales perdidas.
Con ello, el costo económico acumulado en el período analizado superaría los US$ 1.400 millones. Además, el informe señala que los impactos de la contaminación se extendieron en un radio de hasta 300 kilómetros, alcanzando incluso a Santiago.
“Este estudio actualizado se concentra solo en el complejo termoeléctrico de carbón Ventanas, que incluye Ventanas 1 y 2 (unidades 1 y 2), Nueva Ventanas (unidad 3) y Campiche (unidad 4), durante un período de ocho años (del 2013 al 2020), cuando todas las unidades estaban en funcionamiento al mismo tiempo”, destaca la medida prejudicial. Una vez aprobada y revelados los documentos solicitados, hay un plazo de cinco días para presentar la demanda.
Asimismo, recalca que “los impactos de la contaminación en la salud de Quintero-Puchuncaví se extienden más allá del padecimiento individual, ya que afecta la productividad laboral y la dinámica familiar. Estas afectaciones a la salud resultaron en un estimado de 37.640 ausencias laborales. Los trabajadores tomaron licencia por enfermedad no solo por sus propios problemas de salud, sino también para cuidar a familiares enfermos, lo que pone de manifiesto el impacto más amplio de la contaminación en el bienestar de la comunidad”.
Según explica Fredes, con esta medida prejudicial están buscando determinar quiénes eran los controladores finales de las centrales en el periodo en que se afectó la salud de las personas. Además, gracias a los recursos de Loopa Finance, pudieron encargar nuevos estudios médicos, psicológicos y científicos para presentar más pruebas contra la empresa. “Antes no teníamos pruebas tan contundente como ahora para presentar un caso. Por eso buscamos ayuda de este fondo especializado en litigios”, explica el abogado.
El fondo
Loopa Finance, antes conocido como Qanlex, es un fondo fundado por los argentinos Fernando Folgueiro y Yago Zavalia en 2020. Este tipo de fondo, es conocido también como litigation funding o third party funding y es ampliamente popular en países como EEUU. Se trata de un modelo donde un tercero, ajeno al juicio, proporciona los recursos financieros necesarios para respaldar reclamos meritorios, pero no se hace parte de la estrategia legal. A cambio, recibe una parte de la sentencia o del acuerdo final solo si es que obtienen una victoria en el juicio.
El fondo, que tiene presencia en Chile desde el año pasado, ha recibido más de US$ 38 millones de financiamiento de venture capital y family offices tales como The LegalTech Fund, FJ Labs, Carao Ventures, Harvard Innovation Lab, Preface Ventures y J Ventures.
Según cuenta a DF el investment manager, Federico Muradas, el abogado de la causa se acercó a ellos y tras analizar detalladamente el mérito del caso, decidieron financiarlo como parte del segundo fondo que todavía están invirtiendo. “Lo de AES es atractivo por el potencial de éxito que tiene. No somos un fondo especulativo, si las demandas no son meritorias, no las apoyamos”, sostiene el ejecutivo.
“En Chile hay cada vez mayor conocimiento de este tipo de fondos y estamos viendo alta actividad en el sector inmobiliario, con oportunidades de financiar demandas colectivas de clientes contra inmobiliarias o constructoras”, dice Muradas.
Consultada por DF para este artículo, AES declinó referirse o hacer comentarios respecto al tema.
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