Con la premisa que los ajustes planteados no significarán que los costos de las medidas sean luego traspasadas a los usuarios, a sólo dos días de vencer el plazo, ayer el gobierno ingresó al Congreso el veto al proyecto de servicios básicos, iniciativa que fue aprobada por la Corporación hace casi un mes y que prohíbe el corte por no pago de luz, agua, telefonía, internet y gas en el marco de la pandemia.
“El gobierno ha estimado que lo aprobado tiene problemas que podrían afectar su implementación y, por tanto, el acceso de las personas a los beneficios. Además, podrían exponer al Estado a eventuales demandas y pago de indemnizaciones”, sostuvo el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, agregando que con estas observaciones buscan “facilitar su promulgación y posterior ejecución en beneficio de las personas”.
El texto de 18 páginas apunta principalmente a la industria de telecomunicaciones eliminado el beneficio, luego que en la comisión mixta los parlamentarios y Hutt acordaran un plan de conectividad orientado al 60% más vulnerable, que incluye a los estudiantes de ese segmento. También pone sus fichas en el sector sanitario, ya que propone incorporar un límite a la postergación del pago de consumos de hasta 15 metros cúbicos con ciertas excepciones.
Y aunque el anuncio de la presentación de un veto fue adelantada esta semana, desatando que los parlamentarios de Chile Vamos pusieran en duda sus votos a la espera de su contenido, el documento del Ejecutivo estuvo lejos de calmar los ánimos y proyecta un difícil escenario.
“Esto deja sin piso político a la ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien trabajó con nosotros para el plan de telecomunicaciones. No sé cuál es el cálculo político que hicieron”, lanzó el diputado RN, Miguel Mellado.
La vicepresidenta de DC y autora del proyecto, Joanna Pérez, junto al presidente del partido, Fuad Chahin, rechazaron la decisión del Ejecutivo, anunciando que insistirán en el proyecto original. Esta posición también fue asumida por los diputados del PPD, sostuvo el jefe de bancada Raúl Soto.
Las dudas de la industria
A pesar que los representantes de las industrias de servicios básicos se mantuvieron activos durante la tramitación del proyecto, ante este nuevo capítulo que escribió el gobierno optaron por el hermetismo. Sin embargo, trascendió que en las empresas -puntualmente en el sector eléctrico- causó sorpresa y múltiples interpretaciones un apartado del escrito. “Dado que las propias empresas han señalado, de manera pública y formal, que no traspasarán los costos que emanen de estas nuevas obligaciones que la ley establece en los próximos procesos de fijación tarifaria, se mantiene la premisa: que no sean los usuarios quienes deban compensar los beneficios buscados, ya que los costos no serán incorporados por las empresas ni menos por los reguladores en los futuros procesos tarifarios”.
Fuentes comentan que esto se lee como una declaración que amarra a las empresas a algo que no pueden asegurar, ya que no hay compromisos escritos al respecto y se deben a la regulación. Pero la interpretación del gobierno sería que sólo se cobrará lo postergado sin intereses.
Las principales definiciones que tendrá que abordar el Congreso
- PROYECTO APROBADO
- En telecomunicaciones se reconoció que este sector no presta sus servicios en condiciones monopólicas, por lo que era necesario dar un tratamiento distinto al de la postergación y prorrateo de las deudas, incluyéndose un plan de conectividad gratuita orientado al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
- VETO
- Se decide suprimir el artículo 3 del proyecto así como las menciones a los servicios de telecomunicaciones en otros artículos, armonizando el proyecto para que esté orientado a la regulación de servicios básicos domiciliarios.
- PROYECTO APROBADO
- Artículo 8 del proyecto prohíbe a las empresas recuperar los costos que irrogue para ellas la implementación de este proyecto por medio del traspaso a precio o en procesos tarifarios, entre otras vías, según corresponda a la actividad económica respectiva.
- VETO
- Se propone suprimir el artículo 8, lo que permite subsanar la incostitucionalidad así como eliminar la necesidad de que exista una compensación de cargo fiscal.
- PROYECTO APROBADO
- No establece límite de consumo de agua potable para efectos de postergar los pagos de servicios básicos sanitarios.
- VETO
- Los usuarios finales que se acojan a algunas de las causales de esta ley para postergar el pago de servicios sanitarios, sólo podrán postergar el pago de consumo de agua potable hasta 15 metros cúbicos. No obstante, aquellos usuarios que acrediten tener más de cuatro integrantes podrán postergar el pago de hasta 4 metros cúbicos adicionales por persona.
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