Tras casi cinco años de litigios, la Corte Suprema zanjó una millonaria disputa entre el grupo Saieh y el Servicio de Impuestos Internos (SII): el máximo tribunal del país, en un fallo dividido, dictaminó que el conglomerado no debe pagar tributos (estimados en más de $ 17.600 millones) por la compra y venta de acciones de Ripley entre 2009 y 2010, a través de un Fondo de Inversión Privado (FIP).
En su dictamen del pasado 13 de julio, la Suprema invalidó una sentencia de la Corte de Apelaciones del 12 de octubre de 2017, que había establecido que para este caso sí correspondía el pago de impuestos.
La corte de alzada, a su vez, había revertido lo determinado en primera instancia por el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana que, en abril de 2017, había acogido el reclamo interpuesto por Corp Group Holding Inversiones Limitada y dejó sin efecto las liquidaciones números 32, 33 y 34 dictadas el 31 de julio de 2013 por la Dirección de Grandes Contribuyentes Santiago Oriente del SII. Precisamente, este último fallo fue confirmado por la Corte Suprema, el que fue dictado como sentencia de reemplazo.
En una declaración oficial, CorpGroup afirmó: "Con este fallo queda demostrado que la denuncia del Servicio de Impuestos Internos no tenía fundamentos. La Corte Suprema la ha desestimado, quedando claro que CorpGroup y sus representantes actuaron dando cumplimiento a las normas legales vigentes en la compra y venta de acciones de Ripley Corp S.A. Asimismo, durante este año, en una investigación penal originada por esta misma transacción, la Fiscalía sobreseyó la causa. Valoramos que este fallo confirme lo que planteamos desde un inicio".
Desde el SII no hubo comentarios sobre este dictamen.
Efectos tributarios
La disputa tiene su origen en la compra que hizo el grupo Saieh del 20% de Ripley en 2009, tras adquirir ese paquete a Marcelo Calderón (ya fallecido).
A fines de 2008, el empresario intentó salvar su cadena Johnson's, que estaba con graves problemas financieros. Para inyectarle liquidez –junto a sus hijas- decidió vender la mitad de su participación en Ripley (40%), donde su hermano Alberto (fallecido a principios de junio de este año) tenía un porcentaje similar.
La operación se concretó el 6 de mayo de 2009, cuando Saieh y Calderón firmaron un acuerdo de intenciones. El precio pactado fue de $ 250 por papel.
El controlador de CorpGroup compró el 20% de Ripley en cinco operaciones entre julio y noviembre de 2009, a un precio mayor. El acuerdo apuntaba a que Saieh pudiera entrar al pacto de accionistas de la multitienda para crear un tercer gran operador de retail con su cadena de supermercados SMU.
Pero, meses después a la firma del acuerdo, el ingreso del empresario al pacto no se logró, tras la oposición de la otra rama controladora de la empresa de retail (el clan Calderón Volochinsky) y entonces vendió entre agosto de 2009 y julio de 2010 las acciones. Con la enajenación, el holding de Saieh obtuvo un mayor valor por más de $ 63.500 millones, según estimaciones entregadas por el SII durante el juicio.
Lo que buscaba el servicio era que Corp Group Holding Inversiones pagara más de $ 17.600 millones por la ganancia de capital de dichas operaciones, lo que fue rechazado por la defensa de Saieh.
Sus abogados señalaron que la compra y venta de los papeles de Ripley se hizo a través del Fondo de Inversión RCC, que no es parte del patrimonio de CGH -en 2009 llamado Inversiones Conca-, por lo que sostuvo que no corresponde incluir dicha ganancia de la base imponible de esa sociedad.
Por el contrario, el SII acusó durante el proceso que el hecho de que la operación inicialmente pactada para adquirir el control, se hiciera finalmente a través de un FIP, manifiesta que la verdadera intención de Conca era obtener una disminución de su carga tributaria, por cuanto, destacó, estos patrimonios no tributan conforme a la Ley de la Renta. "Ello se confirma, además, ya que este fondo se creó con posterioridad a los acuerdos suscritos", dijo el servicio en su recurso ante la Corte de Apelaciones, que validó la tesis del organismo público.
"Los efectos tributarios del mayor valor de enajenación de acciones que se incorpora en la base imponible del Impuesto de Primera Categoría gravado al contribuyente es procedente (...) al estimar esta corte que sí existe un mandato (de CGH) en la compra de acciones por parte de RCC", dice la sentencia del tribunal de alzada, tras lo cual el grupo Saieh recurrió a la Corte Suprema, que acogió, sin costas, el recurso de casación presentado por CorpGroup.
"Examinadas las actuaciones del fondo RCC, que consistieron en la compra de acciones financiada con su propio patrimonio, y su posterior enajenación, ingresado el producto de la venta al mismo, sin que exista prueba alguna que en tales actuaciones haya manifestado, en forma expresa o tácita, que actuaba en representación de un mandante. Por consiguiente, fluye naturalmente la conclusión, que tales actuaciones han sido a nombre propio y porque, además, en el proceso no hay prueba alguna que acredite la existencia del mandato, carga que le correspondía al SII", dice el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema, firmado por los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Valderrama, el abogado integrante Jorge Lagos, y con el voto en contra de Haroldo Brito y Jorge Dahm.
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