Crece el conflicto por los llamados guetos verticales en la comuna de Estación Central. Ahora, se trasladó a la justicia.
El pasado 12 de noviembre, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Estación Central (en su dictamen 27.918) invalidar los permisos de edificación de alrededor de 50 proyectos aprobados con edificación continua, es decir, torres adyacentes que coinciden en fachada.
La “edificación continua se debe considerar que esté fijada la altura máxima del plan regulador”, dijo el ente fiscalizador. Estación Central, y ahí nacería la controversia, carece de ese documento normativo.
Exactamente un mes después de la resolución –que generó un fuerte impacto entre las inmobiliarias; incluso se ha planteado la quiebra de algunas como efecto del dictamen- las compañías Fortaleza, Inmobilia y Eurocorp, entre otras, recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago y presentaron –por separado- recursos de protección.
En concreto, solicitaron paralizar todos los efectos, directos o indirectos, que provoque el dictamen impugnado, y que se disponga en particular que la Dirección de Obras Municipales de Estación Central no dé inicio a ningún procedimiento invalidatorio, o bien que suspenda la tramitación de los que ya hubiere iniciado.
Por el contrario, la Fundación Defendamos la Ciudad y la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central solicitaron a la corte que ordene al municipio iniciar los procedimientos de invalidación de permisos.
Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el impacto del dictamen de Contraloría, solo considerando edificios ya iniciados, afecta a 28 proyectos que contemplan inversiones por más de US$ 600 millones, y que emplean en conjunto a más 15 mil trabajadores.
Para las inmobiliarias afectadas, la resolución del ente contralor es una “vulneración de garantías fundamentales” y una afectación al “derecho a desarrollar una actividad económica lícita”.
“Interpretación retroactiva”
Los abogados Robert Gillmore, Blanca Oddo y Matías Mori (del estudio Momag, donde es socio el ex contralor Ramiro Mendoza) representan a Inmobilia, ligada a Andrés, Roberto y Enrique Munita.
“La actuación lesiva de la Contraloría General (…) constituye un acto discriminatorio por cuanto el ente fiscalizador siempre ha dispuesto que sus propias interpretaciones, contenidas en los dictámenes que emite, rijan hacia el futuro”, señalaron en su escrito.
Tatiana Arriagada Bustos, del estudio Vergara, Fernández Costa & Claro, representa a Eurocorp, ligada a la familia Ruiz. En su recurso de protección, esta empresa señaló: “El dictamen impugnado de Contraloría es ilegal y arbitrario, porque se pronunció sobre la legalidad de los proyectos de mi parte, ordenando a la municipalidad invalidar los permisos de edificación concedidos, en circunstancias que la recurrida no tiene competencia para efectuar dicho control de legalidad respecto de particulares, ni mucho menos para ordenar se llegue a un determinado resultado en el proceso de invalidación”.
Más aún, la firma dijo que, de invalidarse los permisos de edificación, “ya no sólo verá amenazados y perturbados sus derechos constitucionales, sino que habrá sido, definitivamente, despojada de los mismos”.
Inmobiliaria Fortaleza -ligada a José Ignacio Amenábar y Guillermo Andrews, y representada por el abogado Santiago Montt- dijo que la interpretación retroactiva del Contralor afecta los derechos fundamentales de cientos de personas, entre ellas los bancos financistas, los contratistas, subcontratistas, los promitentes compradores, y principalmente –en lo inmediato- los cientos de trabajadores directos que desempeñan sus funciones en la obra de construcción.
“Sus fuentes de empleo se verán gravemente perturbadas -con el agravante de encontrarnos en época de festividades- por el dictamen arbitrario e ilegal de la propia autoridad administrativa quien, en escasas diez líneas, y sin un debido proceso previo, ha declarado la ilegalidad de los referidos permisos de edificación, y la aplicación con efectos retroactivos de una interpretación normativa actual, lo que repugna a toda idea de certeza jurídica”, sostuvo la empresa.
Inmobiliaria Cenit, representada por el abogado Alonso Varas, dijo que, con su dictamen, la Contraloría regula una normativa técnica “sin contar con las atribuciones para ello”, modificando la interpretación normativa que las autoridades sectoriales han implementado, “transformándose de facto en un regulador urbanístico más, modificando la normativa aplicable a la actividad económica inmobiliaria”
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