La alianza público privada Valor Minero, liderada por el exministro Álvaro García, acaba de terminar una propuesta de Institucionalidad de Diálogo Territorial, que ayude a la relación comunidades-proyectos de inversión, la que será presentada oficialmente al gobierno en septiembre.
No obstante, hace unos días, en el marco de la cuenta pública del 1 de junio, el ejecutivo anunció una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que incluirá uno de los puntos que ha sido abordado por Valor Minero: la participación ciudadana temprana de las comunidades.
-¿Cómo ven la propuesta del gobierno?
-Nos parece muy positiva la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de instaurar una etapa de diálogo temprano, en especial para aquellos proyectos de mayor incidencia en el territorio, porque es un complemento importante para la oficina que buscará acelerar los proyectos (GPS). Esa oficina le da más certeza a los inversionistas y ésta se los da a los ciudadanos.
-¿Ya no es suficiente con intentar acelerar proyectos?
-No, por eso nosotros hemos trabajado en ambas propuestas de manera conjunta, la de GPS -que la llamábamos Oficina de Coordinación de Inversiones- y la Institucionalidad de Diálogo Territorial, que es lo que la ministra Marcela Cubillos en parte acoge.
Hay una dimensión de lo que hemos hecho en esta institucionalidad que propondremos, que a nuestro juicio es indispensable: crear las condiciones para que las partes concurran al diálogo de manera igualitaria, que todos puedan representar bien sus intereses, porque eso es lo que al final del día los compromete con lo que se convenga. Para eso diseñamos un sistema de información para todos los actores que participan de este diálogo.
-¿Qué pasa si no se hace nada respecto a la relación comunidades-proyectos?
-Nosotros miramos los 50 proyectos más grandes que tiene Chile para los próximos cinco años, que explican poco menos del 60% del total de la inversión. Si esos proyectos no se hacen, el país se va para abajo.
Además, si miramos los cinco años para atrás, 60 proyectos grandes encontraron problemas socioambientales, lo que da cuenta de la lección: hay un número pequeño de proyectos con gran incidencia en el país y en el territorio donde operan, que son los que mueven la aguja del crecimiento. Se pueden caer por temas como que los trámites son engorrosos, o porque en su diseño no se consideraron los instereses de las personas en el territorio. Por eso había que trabajar en estas dos instituciones.
-¿Cómo es lo que proponen?
-Crear una nueva institución pública que provea el servicio de información, de diálogo, de habilitación de los actores, de generación de información neutra y objetiva, y que sea parcialmente financiado por las empresas, pero que ellas no tengan ningún vínculo con quien crea la información. Eso es un cambio muy radical frente a lo que hoy ocurre.
-¿Dónde se ubica este nuevo servicio?
-Pensamos que debería ser un servicio público, lo más autónomo posible y con una gobernanza multiactor, es decir, que tenga un directorio con representantes de los múltiples intereses. Creemos importante -y esto no está recogido en las propuestas de cambio al SEIA- que la instancia de diálogo tiene que seguir después de los acuerdos, monitoreando que estos se cumplan.
El SEA contempla hoy la consulta ambiental y tiene funcionarios para esa tarea, pero hoy no tendría los necesarios para hacer esto que proponemos. La idea es que este nuevo servicio provea esto en el marco del SEIA. Hemos hecho el diseño para integrar dentro de esta institucionalidad los procesos que ya existen, como consultas ciudadanas e indígenas, pero sin cambios. Solo las hacemos parte de un proceso que es más amplio y coherente.
-¿Cómo se elaboró esta propuesta?
-Llevamos más de un año trabajándola en diálogo con distintos actores, ONG, sectores empresariales, procesos en regiones. La propuesta está terminada, solo nos resta ver los cambios legislativos que implica.
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