La amenaza del Presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de cobre fue recibida con cautela por la industria cuprífera en Chile, principal productor del metal rojo del mundo, que aporta el 64% del cobre refinado que ingresa a la primera economía del mundo.
El republicano lanzó la advertencia sin precisar ni cómo, ni a quiénes, ni cuándo, pero de todas formas los analistas anticipan que una medida como esa no sólo afectaría a la exportación nacional, sino que también enfrentaría a EEUU con sus propias limitaciones para sustituir el cobre que importa.
Pero, ¿quiénes son los principales exportadores chilenos que satisfacen la demanda norteamericana? Entre enero y noviembre de 2024, Chile exportó 544 mil toneladas de cátodos a EEUU por US$ 5.080 millones, con un precio FOB -free on board- para el metal de US$ 4,24 la libra.
Según datos de Plusmining, de dicho total, un 45% fue aportado por Codelco, seguido por Minera El Abra (controlada por la estadounidense Freeport McMoRan y donde Codelco tiene 49%), con un 14%. Escondida y Spence de BHP exportaron 11% y 9% del total, respectivamente.
Fuentes ligadas a Codelco comentaron a DF que siguen atentos la evolución del tema, pero que aún lo ven como algo “sin forma ni fondo”. Advierten, además, que EEUU es un gran importador del commodity y la aplicación de aranceles requiere un plan claro para aumentar su producción local.
De acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU, dicho país produjo 1.100 millones de toneladas en 2023, mientras que consumió un total de 1.800 millones. Ese mismo año, las importaciones alcanzaron las 890 mil toneladas -Chile aportó con 570 mil-, anotando una dependencia neta de las importaciones del 45% en el consumo aparente, por sobre el 41% de 2022.
El expresidente ejecutivo de Codelco Marcos Lima expresó que si bien los envíos de cobre refinado chileno son relevantes para el mercado estadounidense, “está claro que están mucho más orientados hacia China. En otra época, estos posibles aranceles habrían sido muy graves, pero hoy no”.
“Para nosotros es mucho más importante que Trump no le ponga aranceles a China”, dijo, y agregó: “El problema más serio para Chile es una guerra comercial entre China y EEUU”. Por ello, enfatizó que el país “no puede abanderizarse en un conflicto que enfrente a sus dos principales clientes”.
De acuerdo con cifras de ProChile, en 2024, Estados Unidos concentró el 11,3% de las exportaciones de cobre del país, mientras que China representó el 53% del total.
Álvaro Merino, director ejecutivo del Núcleo Minero, recordó que desde enero de 2004 rige el TDLC entre Chile y EEUU, que “establece que ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero sobre una mercancía originaria. Si una parte considera que la otra incumplió, se deberá remitir al Capítulo 22 de solución de controversias”.
Respecto del impacto que podrían tener las tarifas en firmas como Freeport, que son de EEUU, pero también producen cobre en países como Chile, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, analizó que se enfrentarían a un escenario dual: “Sus operaciones domésticas se beneficiarían de un posible aumento de precios en el mercado interno, pero las minas de Freeport en Chile, Perú o Indonesia, perderían competitividad al exportar cobre a EEUU. Estas empresas tendrían que reevaluar sus cadenas de suministro y priorizar la producción local para satisfacer la demanda interna. Sin embargo, las capacidades de producción en EEUU no son suficientes para sustituir el cobre importado, por lo que habría un período de ajuste”.
DF consultó sobre las amenazas de Trump y sus eventuales impactos a BHP, Freeport y Anglo American, pero declinaron hacer comentarios.
Los posibles aranceles encienden una luz para proyectos como Twin Metals, de Antofagasta Minerals, en Minnesota, y Resolution Copper, de Rio Tinto y BHP, en Arizona, que enfrentan desafíos regulatorios hace años y oposición comunitaria.
“Es muy posible que Trump intente desbloquear los permisos y acelerar la aprobación de estos proyectos, pero el proceso enfrenta obstáculos legales y ambientales que hacen difícil una puesta en marcha en el corto plazo”, dijo Guajardo. Merino concordó con que “es muy factible que se generen incentivos para acelerar sus puestas en marcha”.
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