Con la llegada de un nuevo gobierno se abrió el tradicional proceso que se ha seguido hace algunos años para que diversos actores participen en la construcción de la agenda de energía 2022-2026, documento que guiará el actuar del Ministerio liderado por Claudio Huepe en los próximos cuatro años de administración de Gabriel Boric.
El proceso de elaboración terminó a inicios de mayo y durante junio se deberían tener las principales conclusiones para realizar el lanzamiento oficial a fines del primer semestre.
“Si bien la industria presenta mejoras importantes, existe una brecha con los estándares que el país se ha propuesto y con las expectativas de los clientes”, señala el gremio.
Diversos actores participaron y uno de ellos -según se advierte en la plataforma de participación de la agenda de energía- fueron las distribuidoras eléctricas que proponen cambios profundos al sector en el marco de este proceso.
Según el análisis de Empresas Eléctricas, la mayor electrificación que implicará la transición energética, en la cual la generación distribuida será un factor relevante, requerirá fortalecer la infraestructura de distribución de electricidad. Sin embargo, dicen, “el esquema regulatorio vigente en Chile no se encuentra preparado para hacer frente a los desafíos relacionados con la transición energética”. Esto, por ejemplo, con la penetración de energías renovables y la masificación de la generación distribuida.
Las claves del diagnóstico
Para cumplir con estos objetivos, el gremio sostiene que se requiere “una actualización profunda del actual marco regulatorio de la distribución, de modo de introducir los incentivos adecuados para el fortalecimiento y modernización de redes, permitiendo el desarrollo sostenible del sector”.
Por lo anterior, agregan, “es necesario introducir señales que incentiven el desarrollo de la generación distribuida, de modo que la localización de los recursos distribuidos y la expansión del sistema se efectúe de la forma más eficiente posible, reflejando adecuadamente las necesidades del sistema de generación-transmisión y del sistema de distribución”.
Pero no sólo eso. Reconocen que la mejora continua de la calidad de suministro eléctrico es uno de los principales desafíos que enfrenta Chile: “Si bien la industria eléctrica presenta mejoras importantes en los últimos años, existe una brecha con los estándares que el país se ha propuesto y con las expectativas de los clientes”.
De acuerdo a un estudio de la Universidad de Chile, recogen que el país gasta hasta un 40% más que el promedio de los países de la OCDE en energía (por sus altos precios de generación derivados de la época de la crisis del gas natural). Y, en cambio, gasta un 35% menos en redes de distribución.
Cabe recordar que hay consenso en el sector de la necesidad de una reforma a la distribución, pero aún no es una realidad, ya que en el gobierno anterior no logró mayor avance en uno de los tres proyectos de ley que se alcanzaron a presentar.
Pero el gremio va más allá y afirma que “es necesario avanzar en la actualización del modelo tarifario, de modo de permitir la determinación de niveles tarifarios coherentes con los estándares de calidad que se exijan, incorporando un mecanismo que permita los recursos para afrontar las contingencias naturales graves, asegurando un nivel adecuado de respuesta”.
Considerando que Chile es más susceptible a verse enfrentado a contingencias climáticas, las distribuidoras apuntan a que la preocupación más urgente e inmediata pasa por mejorar la convivencia de las redes aéreas con su entorno, en particular con la vegetación (arbolado), tanto urbano como rural, considerando las consecuencias de la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico. “Es necesario perfeccionar el modelo regulatorio y, en particular, la normativa que regula la vegetación próxima a las redes eléctricas, definiendo las responsabilidades de todos los actores involucrados”, dice. Apuntan esencialmente a empresas distribuidoras y transmisoras, propietarios de predios por los que atraviesan las líneas eléctricas, municipios y CONAF.
Consultado, el subsecretario de Energía, Julio Maturana, adelantó que “a partir del segundo semestre de este año se iniciará un trabajo que considere la participación de los distintos actores y que permita proponer una reforma a la distribución que se haga cargo de los desafíos actuales y futuros, y que se alinee directamente con el trabajo de transición justa de nuestro gobierno, un trabajo que considerará sistemas eléctricos seguros y con un alto estándar de calidad de servicio para todo el país”.
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