Como “lo cortés no quita lo valiente”, representantes de empresas mineras y de asociaciones industriales de Iquique y Antofagasta presentaron este lunes sus críticas al proyecto de royalty del Ejecutivo.
En la Comisión de Minería del Senado pidieron un impuesto específico “realista” que recoja la heterogenidad de las operaciones y aquellas faenas de mayor costo unitario, leyes del mineral más bajo o de alta complejidad productiva, por lo que solicitaron que la propuesta oficialista se base sobre la rentabilidad y el margen operacional más que en el precio del cobre y que, por lo tanto, que no sea Ad Valorem.
El único aspecto de la iniciativa en el cual hubo coincidencia sobre sus bondades fue el aporte regional. Los expositores concordaron en que la fisonomía de algunas ciudades del norte, como Calama, no se condice con la gran riqueza que se genera a sus alrededores.
El asesor de Hacienda, Sebastián Frees -que participó en la comisión junto a Nicolás Bohme, co-coordinador de Políticas Tributarias de esa cartera, dijo que en las próximas semanas -posiblemente el 17 de octubre-, presentarán indicaciones que recogen parte de estos planteamientos, como que se aplique sobre el margen operacional y no sobre el precio del cobre.
Efecto en inversión
El director de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Osvaldo Pastén, levantó una “alerta temprana” sobre el efecto del royalty en el ecosistema minero, porque “va a haber impacto en las empresas”, tanto en la producción como en la inversión.
A su turno, Giancarlo Bruno, CEO de Capstone Copper, dijo que “queremos un mejor proyecto” que considere la realidad de yacimientos complejos de la mediana minería. Fernando García, director de Finanzas de la misma empresa, hizo ver que el proyecto del Ejecutivo omite que, al subir el precio del cobre, el costo sube también. Por ello, sostuvo que el componente Ad Valorem del royalty es regresivo y afecta en mayor medida a operaciones con costos altos. Ejemplificó la situación con cifras de 2019, ejercicio en el cual “tendríamos que haber pagado el royalty con deuda”.
Ejecutivos de la minera Sierra Gorda -encabezados por su gerente general Miroslaw Kidon y su vicepresidente de Finanzas, Michal Bator- dibujaron una realidad que calificaron como “la minería del futuro”: hoy enfrentan desafíos que el país tiene que acometer en las próximas décadas, tales como una baja ley de mineral (la de Sierra Gorda es de 0,389 versus 0,8% del país), mayor cantidad de material esteril por tonelada contenida de cobre, así como años de pérdidas antes de alcanzar el equilibrio operacional.
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