En febrero, el laboratorio británico GlaxoSmithKline (GSK) designó una nueva líder para sus operaciones en el Pacífico Sur. Se trata de la brasileña Erika Pagani, quien, desde febrero, asumió como gerenta general de la farmacéutica en Chile, Ecuador y Perú.
En entrevista con DF, la ejecutiva sostuvo que GSK busca crecer y hacerse espacio en nuevos segmentos en el país. “Tuvimos lanzamientos de vacunas para adultos, que para nosotros es nuevo. Tenemos una muy larga historia en vacunas pediátricas, pero ahora estamos apuntando a una historia de vacunación a lo largo de la vida (...) Lanzamos el primer producto de la línea de oncología acá en Chile este año y hay tres más por venir el próximo año”, ejemplificó Pagani.
GSK, entre otros, destaca en el país por ser líder en medicamentos para el tratamiento de VIH y por su presencia en productos para combatir enfermedades infecciosas, respiratorias e inmunológicas.
Eficiencia
Tras casi un año liderando las operaciones locales, Pagani dijo que Chile “tiene una gran oportunidad” de profundizar en las innovaciones médicas que ofrecer a los pacientes.
En esa línea, recordó que cerca del 10% del PIB va dirigido al sector salud, lo que está “más o menos en línea con los países de la OCDE, pero la diferencia es que la inversión pública en medicamentos está muy por debajo. El gasto de bolsillo hoy en Chile en medicamentos es de un 62%”, criticó.
“Hay mucho que se puede hacer para los pacientes chilenos sin una gran ruptura en el sistema”, afirmó Pagani.
El problema de esto, continuó, “no es que el paracetamol vaya a costar $ 5 mil u $ 8 mil, la diferencia para el bolsillo de los chilenos está cuando necesitan de un tratamiento para una enfermedad catastrófica. Un cáncer, una enfermedad rara, y ahí esos productos no están incluidos”.
Su diagnóstico, entonces, es que hay una inversión relevante que no se traduce en acceso oportuno. Y para eso, apuntó Pagani, hay que aumentar la eficiencia en el gasto.
Para esto, puso el ejemplo de las licencias médicas, y planteó que se estima que, por mayor control y fiscalización de las licencias médicas mal utilizadas se podría generar un ahorro de cerca de $ 300 mil millones anuales: ese monto equivale al presupuesto combinado de la Ley Ricarte Soto ($ 185 mil millones), el programa de Drogas de Alto Costo (DAC, $ 71 mil millones) y el monto adicional que se destinó al GES 2025 ($ 100 mil millones), que permitió incorporar tres nuevas patologías y mejorar la cobertura de otras diez enfermedades ya incluidas.
“Esto significa que, con eficiencia y transparencia, Chile podría financiar innovación terapéutica de alto costo, duplicar coberturas y sumar nuevas patologías al GES sin incrementar la carga fiscal”, afirmó la gerenta.
Cambios al sistema
Otro punto determinante, postuló Pagani, es la evaluación de tecnologías. La incorporación de estas, sostuvo, se define sobre todo por el impacto en el presupuesto. Según ella, esto desemboca en que muchas tecnologías que son más caras, pero con mayor impacto, no se utilicen en el sistema chileno.
“Por ejemplo, una nueva droga para el cáncer que puede tener una mejor tolerabilidad y extender la vida de las personas por muchos más años, traer de vuelta a esa persona al trabajo (...) tiene un impacto global que va mucho más allá del costo el medicamento y eso hoy se ve en la evaluación de tecnologías”, argumentó. “Sería crítico incluso para reducir las listas de espera”.
Con todo lo anterior, y consultada respecto a la necesidad de una reforma profunda al sistema de salud, Pagani consideró que todo sistema se va a beneficiar de reformar, pero ve oportunidades para aumentar las eficiencias mucho antes de que esa discusión esté finalizada.
“Eficientizar los gastos en salud, reducir las licencias médicas, invertir en medicamentos, se puede hacer (...) Hay mucho que se puede hacer para los pacientes chilenos sin una gran ruptura en el sistema”, aventuró.
Y si bien aseguró que hoy la judicialización por medicamentos no es un tema que complique particularmente a GSK, lo ve como un síntoma de un sistema que no tiene el acceso cómo debería. “Si con esos $ 300 mil millones que tenemos en licencias logramos duplicar el presupuestos del DAC y los incrementos en GES, la judicialización ya no es tema”, aseveró.