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Publicado: Viernes 28 de junio de 2013 a las 05:00 hrs.
Cambiar la Ordenanza General de Urbanismo para que se implementen medidas que impidan la exclusividad de servicios de telecomunicaciones en condominios y edificios. Eso es lo que solicitó la Fiscalía Nacional Económico (FNE) al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) a través de un procedimiento no contencioso.
El TDLC acogió la petición. Entre las solicitudes de la FNE está que se instituya un procedimiento consistente en que los directores de obra municipales sólo autoricen la recepción de obras de un edificio o condominio cuando la constructora o inmobiliaria acredite que avisó -a través de correspondencia certificada-, a lo menos a tres compañías de telecomunicaciones la posibilidad de realizar sus instalaciones, sin que tenga la opción de negar el ingreso a ningún operador que demuestre interés.
También solicita que la instalación de cámaras, poliductos y elementos de distribución interior necesarios para el emplazamiento de instalaciones de telecomunicaciones domiciliarias, se realice de manera tal que se otorguen condiciones de libre acceso y no haya posibilidad de discriminación de compañías.
El Tribunal de la Libre Competencia resolvió abrir un expediente de modificación normativa y está en proceso de notificar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones; la Asociación Chilena de Municipalidades; Servicio Nacional del Consumidor; la Cámara Chilena de la Construcción; y a todas las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones en edificios y condominios sujetos al régimen de copropiedad inmobiliaria para que aporten antecendentes dentro de los próximos 20 días hábiles.
Las principales firmas que participan en este mercado son Telefónica, VTR, GTD y Claro, quienes entregan telefonía, Internet y televisión de pago.
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La inmobiliaria ligada a Jorge Gálmez, que ya vendió 197 parcelas, anunció que evaluará el futuro de otras 75, a la espera del nuevo marco normativo de la ley de parcelaciones, actualmente en el Congreso.
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