Falabella: justicia rebaja multas y Fiscalía inicia fase final para terminar arista penal

Emilio Maldonado Quevedo

Casi dos años han pasado desde el escándalo por uso de información privilegiada en la fusión entre Falabella y D&S, en el cual la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó millonarias multas a quienes hicieron compras de acciones previo al anuncio de la unión comercial, y hoy comienzan a darse pistas de lo que será el desenlace de este capítulo.

Desde aquel julio de 2008, cuando la SVS multó a Hans Eben, Ana María Laguna, María Luisa Solari, Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Eugenio Eben, Peter Bruno Studer y Marcel Zarour, mucha agua ha pasado bajo el puente, y diversas reclamaciones contra la sentencia han ingresado en tribunales.

Precisamente sobre esta materia, hace dos semanas la justicia dio dos fallos que, por un lado, confirmaron el deber de reserva de quienes participaron en la operación y, por ende, aplicar multas. Por otro lado, rebajó la sanción a la accionista de Falabella, María Luisa Solari y a su pareja Marcel Zarour.

Según el fallo del II Juzgado Civil, María Luisa Solari deberá pagar una multa de 500 UF (unos $ 10,5 millones), reduciendo la sanción desde las originales 1.000 UF; y a Zarour se le condenó a pagar 1.750 UF (cerca de $ 37 millones) desde las iniciales 2.725 UF.

De todas maneras, este fallo -que puede ser apelable en la Corte Suprema por los imputados y no exime a Zarour de la devolución de los beneficios conseguidos con la compra de $ 125 millones en acciones de D&S, teniendo que reintegrar como multa 2.983 UF según el fallo de la SVS.

La suerte de los demás involucrados
Quien no tuvo el mismo destino fue la ex asesora comunicacional de D&S (a través de Extend), Ana María Laguna, a quien la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones le mantuvo la sentencia por 100 UF   ($ 2,1 millones) y al pago de las costas del juicio.
Según la sanción cursada por la Superintendencia en julio de 2008 apunta a la divulgación de los datos de la fusión a su cónyuge, Peter Bruno Studer, quien compró casi $8 millones en acciones de la supermercadista D&S un día antes que se anunciara la fusión de esta compañía con Falabella.

Estas aristas, las de quienes no habrían guardado su deber de reserva, es una de las que comienza a cerrarse, pero el otro cariz, el penal que se investiga en la Fiscalía Centro Norte, es el que estaría ad portas de iniciar su fase decisiva, la cual podría derivar incluso en una formalización de algunos de estos involucrados.

Según informaron en la Fiscalía Centro Norte, la fiscal Ximena Chong está a punto de tomar las últimas declaraciones a alguno de los imputados (sin mencionar a quiénes), trámite que definirá qué ocurrirá con estos ejecutivos.

Estos interrogatorios, que serán hechos por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, serán el desenlace para una investigación de dos años, que podría terminar con alguno de los mayores imputados desfilando por tribunales, bajo el delito de uso de información privilegiada, tal como reza al artículo 165 de la Ley 18.045, que tipifica la compra de acciones bajo el conocimiento de información no pública, como un ilícito, y que obligó a la entonces administración de la SVS, a cargo de Guillermo Larraín, a presentar los antecedentes a la Fiscalía.

Dentro de este grupo figura Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal y Eugenio Eben, todos de Tucapel. Además, está Peter Bruno Studer y el mismo Marcel Zarour, sin tener la investigación aún claridad sobre quiénes serán los formalizados (de haberlos) por este bullado caso.
Estos cinco sancionados por la SVS son quienes además deben  reintegrar los dineros que obtuvieron con las compras de acciones, que en total ascienden a 65.218 UF ($ 1.435 millones).