Una pugna entre el gobierno y las instituciones educativas particulares (IEP) se dio el miércoles al iniciarse en la Comisión de Economía el debate del proyecto de ley del Ejecutivo que busca derogar el “beneficio tributario” que se declaró vigente para las citadas entidades entre los años 2000 y 2008.
Como se recuerda, mediante el DL N° 882 se dispuso que aquellas IEP que en lugar de distribuir sus utilidades las reinviertan para fines educativos accedían a un crédito tributario equivalente a la misma tasa del Impuesto a la Renta (30%), que habrían pagado si no hubieran reinvertido.
Ese “beneficio” se aplicó a partir del 1 de enero de 1997 pero en el DL N° 882 no se fijó su fin y se tomó en cuenta el Código Tributario, que señala que si no hay plazo será vigente por tres años y sin prórroga, por lo que el beneficio acabó el 31 de diciembre de 1999.
Pese a ello, se generó una situación de ambigüedad en los años posteriores, pues para las IEP (desde centros de educación inicial hasta universidades) se consideraba el “beneficio” como permanente.
Para “precisar” esa situación el pasado 23 de julio el entonces presidente Alan García promulgó la Ley 29.766 que señalaba que ese beneficio se “aplica” para la generalidad de las entidades educativas entre los períodos 2000 y 2008, y para los centros de educación técnico productiva (Cetpro) e institutos superiores tecnológicos privados (ISTP) se mantendría la vigencia del beneficio desde el año 2000 en adelante.
Pero la preocupación de las entidades educativas privadas se despertó con el proyecto del actual Ejecutivo, enviado al Congreso el pasado 15 de agosto, que busca derogar esa Ley 29.766.
Más aún, el actual Ejecutivo da cuenta de que a partir de 2000 algunas entidades educativas siguieron aplicando el crédito, lo cual fue acotado por la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), por lo que las IEP iniciaron acciones legales ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, las cuales aún no se resuelven.
Así, de prosperar la derogatoria se generaría un efecto retroactivo, ya que se podría facultar a la Sunat a cobrar con intereses y multas ese crédito que tuvieron las IEP entre los años 2000 y 2008, alertó Luis Bustamante, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes).
En su exposición ante el Congreso agregó que desde 2007 la Sunat está realizando acotaciones “millonarias” a diversas instituciones educativas particulares “que ponen en peligro la subsistencia de las mismas”.
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