El Congreso brasileño aprobó la legislación que abre los puertos estatales a las inversiones privadas y levanta restricciones sobre la construcción de puertos privados, en un intento por eliminar serios cuellos de botella que ahogan el crecimiento de las exportaciones del país.
La ley, que aún podría cambiar si la presidenta Dilma Rousseff decide vetar alguna de sus partes -para lo que tiene plazo hasta comienzos de junio-, es un esfuerzo para hacer más eficientes los congestionados, costosos y mal administrados puertos.
Eso, dicen los que respaldan la iniciativa, puede ayudar a restablecer el robusto crecimiento de la hasta hace poco floreciente economía brasileña.
Sin embargo, hubo quienes se opusieron a la reforma. Por un lado, los sindicatos la rechazaron porque les quita el control sobre los contratos de trabajo, mientras que los contratistas portuarios, proveedores y otros grupos de interés se resisten a los cambios en el negocio portuario actual.
La aprobación del proyecto fue una trabajosa victoria para Rousseff, que negoció con socios de su coalición y con partidos de la oposición para lograrlo hasta horas antes del plazo límite de la medianoche del jueves, que habría marcado la muerte de la propuesta.
La coalición gubernamental, integrada por 18 partidos, no se puso de acuerdo sobre la controvertida ley y modificó la propuesta original, por lo que se espera que Rousseff vete al menos algunas partes de ella.
Uno de los cambios, por ejemplo, eliminó una provisión importante que habría centralizado el control de puertos en el gobierno federal, arrancando la autoridad administrativa a los poderosos gobiernos estatales.
“Esta no es la versión final, pero es un avance”, dijo Nelson Carlini, presidente de Logística Brasil, una compañía que dirige varias terminales portuarias y planea construir otras. Al igual que otros empresarios con intereses portuarios, Carlini recibió con agrado que la ley elimine restricciones a la inversión privada.
La ley elimina una norma que restringe las operaciones de compañías privadas en las terminales de los puertos públicos al manejo de su propia carga y no les permite mover bienes de terceros. Las restricciones, dicen operadores privados, desalientan las nuevas inversiones.
En los últimos años, el gobierno se ha volcado cada vez más a los inversionistas privados en busca de dinero y tecnología para modernizar las congestionadas carreteras del país, el deterioro de puentes, una red eléctrica tambaleante y otros sectores de la infraestructura pública.
Pero hasta ahora la inversión externa en los puertos ha sido más difícil debido a las barreras legales.
Para Rousseff la revisión de la normativa portuaria es una medida esencial para avanzar con inversiones público-privadas por US$ 26.000 millones destinadas a modernizar las puertas de salida de las cruciales materias primas del país.
Los puertos concentran el 95% del comercio exterior de Brasil y por lo tanto son vitales para un país que en las últimas décadas se convirtió en el máximo exportador mundial de café, azúcar, carne vacuna, jugo de naranja y etanol.
Los 34 puertos principales de Brasil, dice el gobierno, no están preparados para manejar la potencial cuadruplicación del tráfico, a casi 1.000 millones de toneladas al año para el 2030.
Los puertos en el industrializado sudeste brasileño están trabajando a casi el 100 % de su capacidad y los del resto del país tendrían su capacidad de operación saturada para 2016.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
