Luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciara una colusión entre siete empresas procesadoras de centolla en la Región de Magallanes, al menos entre 2012 y 2021-, para fijar los precios a los que compraban el recurso a los pescadores artesanales, el Gobierno salió al paso.
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, arremetió contra las firmas involucradas. "Es inaceptable que empresas se coordinen por años para fijar precios y maximizar sus ganancias, afectando el precio justo a los pescadores artesanales que son los que efectivamente realizan el esfuerzo pesquero de este recurso. Son armadores, patrones de embarcaciones y tripulantes que trabajan en el mar con honestidad, los mayores afectados", dijo.
Salas hizo un llamado a que la colusión siga siendo investigada y que los responsables sean sancionados.
Así, hizo un recuento de la situación del sector: "En Magallanes hoy hay 857 embarcaciones inscritas con el recurso centolla, cada año están trabajando alrededor de 400 de ellas -con cuatro o cinco tripulantes cada una- siendo al menos 2.000 familias las afectadas anualmente".
Y cerró: "Desde que tomamos conocimiento de esta noticia, como Subpesca hemos recabado antecedentes, nos estamos coordinando con la delegación presidencial de Magallanes, y sostendremos una pronta reunión con los pescadores artesanales afectados para mantenerlos al día de la investigación”.