La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido, al menos entre los años 2012 y 2021, para fijar los precios al que compran este recurso, que extraen los pescadores artesanales de la zona.
El ente persecutor solicitó multas para las empresas por 62.406 UTA, lo equivale a cerca de US$ 54 millones. En tanto, para los ejecutivos responsables pidió un castigo económico de 511 UTA, esto es, casi US$ 445 mil.
Según el relato de la Fiscalía, los representantes de estas compañías se reunían presencialmente (en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de centolla.
Las empresas involucradas son Elaboradora de Alimentos Porvenir (Eldap), International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.
"Estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el período de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos", detalló la FNE en un comunicado.
La entidad liderada por Jorge Grunberg agregó "como el precio de compra de la centolla va aumentando durante la temporada de extracción, las empresas a través de esta colusión buscaban obtener un precio de inicio de temporada más bajo que el que se habría dado en un escenario competitivo y luego retrasar o contener las alzas, trasmitiéndose entre ellas una preocupación por la evolución de los precios y actuando de manera coordinada frente a los pescadores".
Asimismo, argumentó que la práctica generó un perjuicio a los pescadores artesanales de Magallanes, que recibieron menores pagos en comparación a los que hubiesen percibido en un mercado competitivo.
“Con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”, declaró el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
Delación compensada
La investigación de la FNE comenzó en julio de 2020, luego de una denuncia. En 2021, se otorgó el beneficio de la delación compensada a una de las empresas, Bakkavör -y a tres de sus ejecutivos-, quienes confesaron su participación y la de las otras compañías en la colusión.
La FNE destacó que también se contemplaron interceptaciones telefónicas a ejecutivos y allanamientos e incautaciones en dependencias de las empresas ubicadas en Porvenir, en Tierra del Fuego.
"Lo anterior, sumado a las declaraciones prestadas por ejecutivos de las requeridas ante la FNE, en las cuales reconocieron los contactos con sus competidores y las conversaciones sobre el precio de compra de la centolla, permitió obtener contundente evidencia que acredita la conducta colusoria acusada en la presentación ante el TDLC", destacó la Fiscalía.
Vale decir que una de las compañías acusadas, Eldap, en 2023 (posterior a los hechos acusados por la Fiscalía) pasó a ser controlada por Orizon, la pesquera de Empresas Copec. La matriz del jurel San José -que forma parte de Nutrisco, el brazo alimentario del holding del Grupo Angelini-, se quedó ese año con el 70% de esta firma, como parte de la operación en la que adquirió Fiordosur, que además de centolla produce bacalao, jaiba, salmón y erizos. Hasta hoy, el ejecutivo de Eldap que según la FNE participó en la colusión, Ricardo Anguiano, seguía siendo uno de los principales gerentes de esta subsidiaria.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
colusión
