Las autoridades italianas incautaron varios documentos pertenecientes a Moody's y Standard & Poor's (S&P) en el marco de sendas investigaciones sobre estas dos agencias de calificación de riesgos que lleva a cabo la Fiscalía de Trani (sureste de Italia).
Según informaron hoy los medios de comunicación italianos, estos documentos se suman a la información recabada con la colaboración de las autoridades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Italia (CNMV).
Los documentos están siendo utilizados por la Fiscalía de Trani para las investigaciones que efectúan contra Moody's y S&P por supuestos delitos de especulación abusiva (agiotaje), manipulación de mercado y uso ilícito de información privilegiada.
Estas pesquisas, que surgen por varias denuncias de asociaciones de consumidores italianas, se suman a la iniciada también por la Fiscalía de Roma recientemente ante las turbulencias bursátiles registradas en la Bolsa de Milán y en los mercados de deuda de Italia en las últimas semanas.
Naturaleza de los casos
En Trani hay dos procedimientos de investigación paralelos: un primero abierto en enero y que afecta a Moody's por el informe difundido el 6 de mayo de 2010 en el que se afirmaba, con los mercados abiertos, que el sistema bancario italiano estaba entre aquellos en riesgo ante los problemas financieros de Grecia.
El segundo informe, abierto hace unas semanas, corresponde a las valoraciones expresadas por S&P en tres ocasiones diferentes, en la de primeros de julio la agencia planteaba dudas sobre el plan de ajuste presupuestario del Gobierno italiano antes de que este fuera al Parlamento y con los mercados también abiertos.
Las otras dos ocasiones corresponden a sendos informes divulgados en mayo pasado en los que la misma agencia ponía en perspectiva negativa la valoración crediticia de la deuda soberana de Italia y de varios bancos italianos.
"Standard & Poor's cambió la perspectiva sobre la deuda pública de positiva a negativa provocando la inmediata reacción del ministro de Economía, que difundió un comunicado diciendo que esa valoración no era verdadera", aseguró hoy en una rueda de prensa el fiscal encargado del caso, Carlo Maria Capristo.
"Esa valoración, a pesar de las precisiones del ministro, determinó la venta de los títulos del mercado bancario y de los públicos" de deuda, agregó.
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