El 28 de abril, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamó a una reunión para revisar los potenciales objetivos de venta de activos. Entre ellos, mencionó el Banco del Pacífico, el segundo banco comercial más grande (adquirido por el gobierno durante la crisis financiera de 1999); dos canales de televisión, TC y Gama; una planta hidroeléctrica, Sopladora; la aerolínea nacional, TAME, y una manufacturera estatal, Fabricamos Ecuador (Fabrec). También apuntó a abrir a la compañía de telecomunicaciones Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) y la compañía de transporte de petróleo Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) a la inversión extranjera.
Así, buscaría generar dinero para la reconstrucción tras el terremoto y ayudar a resolver las urgentes necesidades financieras del país. Hasta el 29 de abril, la cuenta de la tesorería del Ministerio de Hacienda tenía apenas US$ 99 millones, el punto más bajo en una década. Correa niega que el gobierno tenga un problema de liquidez pero ha dicho que necesita “transformar parte de la riqueza”, dada la escala de las necesidades de reconstrucción. El mandatario estima estos costos en US$ 3 mil millones.
Dudas del proceso
Como un todo, el plan no apunta a limitar el rol del gobierno en la economía y cada perspectiva de venta tiene desafíos. Privatizaciones anteriores -como la venta del Hotel Quito, de propiedad estatal en la capital, a China Road and Bridge por US$ 30,8 millones este mes- han salido bien, pero la privatización de las estaciones petroleras de Petroecuador no han podido avanzar. TC y Gama enfrentan potenciales desafíos legales de sus dueños previos, tras la nacionalización de 2009. TAME es una máquina de pérdidas y las aerolíneas más grandes de Latinoamérica, Latam y Avianca, ya tienen filiales en Ecuador. Las restricciones a la banca impuestas por la administración pueden reducir el atractivo del Banco del Pacífico. Similarmente, Sopladora tendría que operar en la situación políticamente complicada de tarifas controladas de la industria eléctrica local y tiene una deuda de US$ 900 millones, que limita el beneficio de una venta. CNT y Flopec, en tanto, enfrentan un límite constitucional de participación de hasta 49%.
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