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Publicado: Viernes 16 de mayo de 2014 a las 05:00 hrs.
Presionada por la necesidad de actualizar la red de infraestructura de carreteras, la administración del presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció en octubre de 2013 un plan de US$ 25.000 millones para adjudicar al menos 40 proyectos de licitación para los siguientes ocho años. La primera fase de su plan –originalmente programado para empezar a comienzos de febrero– finalmente despegó a mediados de abril con un lanzamiento gradual de nueve proyectos, totalizando casi US$ 5.500 millones. El proceso de ofertas durará hasta el segundo semestre de este año.
Las primeras dos de las nueve licitaciones fueron ofrecidas a inversionistas el 15 de abril, pero la respuesta de potenciales concesionarios fue relativamente limitada.
El proyecto de 190 km Girardot-Puerto Salgar (parte del sistema de autopistas que conectan la capital, Bogotá, con la región costera del norte), valorado en US$ 500 millones, y Conexión Pacífico 1 de 31 km (parte del grupo de autopistas que interconectan a la provincia de Antioquía con el puerto de Buenaventura, el mayor de la costa del Pacífico), de US$ 900 millones, recibieron ofertas de sólo dos de los diez consorcios originalmente registrados para participar.
Aunque las autoridades del gobierno señalaron que el bajo número de ofertas en un proceso de licitación como este no era inusual, el evidente poco interés de los inversionistas en la primera fase provocó que la administración de Santos tomara medidas para abordar algunas de las principales preocupaciones expresadas por participantes potenciales. Entre ellas está la posibilidad de entregar a los concesionarios un pago por adelantado de hasta 50% de parte del gobierno (originalmente los inversionistas tenían que correr con todos los gastos de los proyectos); el establecimiento de bajas tasas de interés sobre los préstamos oficiales para financiar los proyectos; y la modificación de otras restricciones que ayudarán a acelerar la construcción actual de las autopistas.
En una jornada que reunió a referentes del ecosistema de innovación, inversión y emprendimiento, cinco emprendedoras presentaron soluciones concretas a desafíos críticos del siglo XXI, en materias como minería sostenible, escasez hídrica y acceso a educación tecnológica.
La decisión, señalaron, responde a la necesidad de ajustar la iniciativa al presupuesto disponible, actualizar las proyecciones de demanda y ampliar la participación de consultoras internacionales. La propuesta del gobierno anterior requería una inversión de US$ 4.000 millones.
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