Una serie de acciones por parte del Ejecutivo de Bolivia en meses recientes han movilizado a la opinión pública en contra del gobierno y han despertado temores de que la democracia esté en peligro en Bolivia. El presidente Evo Morales pretende perpetuarse a sí mismo y a su partido Movimiento al Socialismo (MAS) en el gobierno más allá de la próxima elección, prevista para octubre de 2019. La oposición a este constitucionalmente problemático aumento del poder está ganando fuerza.
Morales ha tenido poco éxito en calmar una tensa atmósfera política. Su última apuesta para evitar que las protestas escalaran fue a mediados de enero, con una oferta de revisar polémicas propuestas para reformar el código penal. Junto al evidente descontento de amplios sectores de la opinión pública con la administración del MAS -un 65% de los votantes votaron nulo o en blanco en las elecciones judiciales de noviembre, que tuvieron una participación de 84,2%- hay riesgos crecientes al pronóstico de la EIU de que Morales postulará y logrará un cuarto mandato consecutivo.
Reformas al código penal
Los problemas para el gobierno comenzaron con su propuesta de reforma al código penal, que se promulgó el 15 de diciembre. Desde esa fecha se inició una huelga de doctores que duró 47 días, antes de que el gobierno diera pie atrás y acordara enmendar las cláusulas del código penal que incluían duras sentencias para los culpables de negligencia médica o malas prácticas.
Sin embargo, la huelga de los doctores también sirvió para centrar la atención en otros aspectos del nuevo código, generando críticas de que muchas de sus cláusulas parecen tener la intención de proteger al Estado y sus funcionarios en detrimento de los ciudadanos comunes. Surgieron sospechas de que el presidente intenta entregarse a sí mismo nuevas herramientas para silenciar a la oposición, lo que provocó protestas más amplias.
Otros sectores tomaron la posta donde la dejaron los doctores, exigiendo una derogación completa del código. Finalmente, el 15 de enero, el presidente se vio obligado a ceder y ofreció un ejercicio de consulta de un año con miras a hacer varias enmiendas importantes. Esto pospuso la controversia específica sobre el código penal hasta el próximo año, pero la atmósfera de disenso demostró ser contagiosa, y se planean nuevas protestas y huelgas en las próximas semanas contra la administración de Morales. Notablemente, estas protestas no están siendo organizadas por la oposición política.
Límites del mandato
La atención se ha volcado ahora al reciente éxito del presidente en lograr que se reinterpretara la Constitución para poder postular a la reelección en 2019. En 2017, el MAS solicitó al Tribunal Constitucional de Bolivia (TCP, la corte más alta para tratar asuntos constitucionales) que se fallara sobre las cláusulas constitucionales que restringen la reelección presidencial tras dos períodos consecutivos (Morales está cumpliendo su tercer mandato debido a una artimaña legal previa).
El argumento presentado al TCP fue que las cláusulas constitucionales que limitan la reelección de las autoridades infringen los derechos políticos constitucionales tanto de los funcionarios como de los votantes y, por lo tanto, deben declararse inadmisibles. Este argumento tiene sus raíces en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como el Pacto de San José) de la que Bolivia es signataria.
Los líderes de la oposición argumentaron que los límites del mandato no pueden considerarse una infracción de los derechos humanos o la representación política más que cualquier otra cláusula constitucional destinada a evitar el abuso de poder. También era legalmente dudoso que el TCP tuviera autoridad para enmendar la Constitución, ya que sólo tiene poderes para interpretar su intención. La Constitución también exige que cualquier cambio se realice en un referéndum nacional.
Morales ya había fracasado en un intento de cambiar la Constitución para modificar los límites del mandato. Una propuesta de enmienda gubernamental fue rechazada en un referéndum celebrado el 21 de febrero de 2016, cuando un 51,3% rechazó la propuesta. A pesar de esto, un poder judicial sumiso dictaminó el 28 de noviembre que las cláusulas que impiden la reelección indefinida para casi todos los cargos públicos electos podían ignorarse.
Dudas de cara a 2019
La decisión del tribunal ha indignado a sectores de la población hasta entonces inactivos políticamente, y condujo a una serie de demostraciones significativas en apoyo de la democracia. La aparente manipulación del poder judicial para cambiar la Constitución a favor de Morales ha demostrado ser la gota que derramó el vaso para muchos votantes. Encuestas recientes muestran que más de un 60% de los votantes está en desacuerdo con que el presidente se postule a un cuarto mandato.
En enero y febrero se planean otras protestas masivas y huelgas organizadas por grupos sindicales en rechazo a una nueva candidatura de Morales. Los líderes de la oposición, como el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), apoyan abiertamente a los disidentes, pero no los están liderando. En cambio, grupos cívicos y trabajadores organizados contra un gobierno cada vez más autoritario, encabezan la causa.
Hasta hace poco, Morales parecía prácticamente inexpugnable desde el punto de vista político, y nuestras previsiones siguen asumiendo que se presentará y ganará la reelección, dada la debilidad de la fragmentada oposición, y las ventajas disponibles para él como presidente en funciones. Sin embargo, la fuerza del antagonismo hacia el gobierno en las últimas semanas representa la primera evidencia de una gran oscilación en la simpatía de los votantes. Esto aumentará la viabilidad de la oposición y mejorará las perspectivas de que surja un candidato de unidad para desafiar a Morales, elevando los riesgos a nuestro pronóstico.
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