Se abre debate clave en México sobre legislación secundaria de la reforma energética
El éxito de la tramitación de la ley será determinante para retener el interés de los inversionistas y, por consiguiente, para las perspectivas del país.
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La actual discusión sobre las leyes secundarias de la reforma energética en el Congreso de México llegará a un momento clave en la segunda mitad de junio, cuando se espera que los legisladores clarifiquen las reglas para la inversión privada en la industria petrolera. Pese a los intentos de la oposición de centroizquierda por retrasar el debate sobre las leyes secundarias, el Senado está trabajando arduamente en la legislación pendiente. El resultado determinará el éxito de la reforma en convertir al sector energético en un catalizador para un crecimiento económico más sostenido en el mediano a largo plazo.
Un borrador entregado a los senadores prevé al menos 87 cambios a las propuestas originalmente presentadas al Congreso por el presidente, Enrique Peña Nieto. Como era de esperarse, los principales partidos de oposición sostuvieron visiones completamente distintas sobre la reforma energética. El Partido Acción Nacional (PAN), de centroderecha, ha buscado fomentar una apertura más vigorosa de la industria energética a las empresas privadas, una posición de negociación que fue supuestamente bienvenida por el ministro de Hacienda, Luis Videgaray.
En contraste, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centroizquierda, trató infructuosamente de postergar la discusión sobre las leyes secundarias hasta después de la Copa del Mundo, que termina a mediados de julio. El fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, está liderando los esfuerzos para que se realice un referendum sobre la reforma energética en junio de 2015. Sin embargo, un amargo enfrentamiento entre el liderazgo del PRD y los adeptos de Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial que provocó divisiones en las últimas dos elecciones, ha socavado la campaña de la izquierda en contra de las leyes secundarias.
A pesar de la inevitable disputa, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) está confiado de que la legislación energética tendrá una aprobación tranquila en ambas cámaras del Congreso a fines de junio.
La reforma como impulso
La reforma energética es el punto central de los intentos de la administración de Peña Nieto por impulsar la economía, atraer mayores inversiones extrajeras y generar más empleos. Frente a un crecimiento débil y a un continuo descontento de la comunidad empresarial con la reforma fiscal del gobierno, Peña Nieto está ansioso por finiquitar la reforma energética antes de que los principales partidos empiecen a concentrarse en las elecciones parlamentarias de mitad de período de julio de 2015. Es importante que el Congreso sea exitoso en la tramitación de esta legislación, ya que será clave para retener el interés de los inversionistas y, por consiguiente, para las perspectivas económicas del país en el largo plazo.
Pese a que quedan algunas preguntas por resolver sobre el rol de la inversión privada en las industrias petrolera, energética y de gas, al igual que la naturaleza del marco regulatorio y la estructura fiscal, los legisladores del PRI y el PAN están concientes de que el sector energético necesita ser revitalizado.
Esencialmente, las propuestas de la administración y los cambios sugeridos por el Congreso resuelven los temas que generan mayor preocupación a los inversionistas. La revolución del shale en Estados Unidos y la caída de la producción petrolera en México, han obligado al gobierno a revisar con detalle sus imperativos económicos y estratégicos. Pese a que el gobierno actual ha sobresalido en construir una coalición a favor de sus reformas estructurales, no ha tenido, hasta ahora, mucho que mostrar. Si todo va de acuerdo al plan, los beneficios de la reforma energética comenzarán a fluir a fines del período de seis años de Peña Nieto y serán capitalizados por las futuras administraciones, sin importar el color político.
La importancia de los detalles
El resultado del debate en el Congreso no parece estar en duda a estas alturas, pero el futuro de las relaciones entre el gobierno y las compañías petroleras privadas y/o entre ambos y Petróleos Mexicanos (Pemex, la compañía petrolera estatal) será un trabajo en elaboración a medida que intenten adaptarse a un ambiente de negocios en evolución. Esta relación en desarrollo inevitablemente conllevará algunas tensiones, como ha sido en el caso de otros países productores de petróleo.
Aun cuando la industria petrolera en México siempre ha sido propensa a presiones políticas (o una postura partidista), David Penchyna, presidente del comité de energía del Senado y político consumado del PRI, ha trabajado duro para asegurar que el debate se mantenga dentro de estrictos márgenes técnicos. Al examinar el contenido de la legislación en discusión, los inversionistas están enfocados en si la carga tributaria se mantendrá cerca del promedio global; si las leyes de carácter nacional no desalientan el flujo de inversión extranjera directa a la industria energética; y si el proceso de licitación para asegurar contratos de exploración y extracción de hidrocarburos será justo y transparente.
La verdadera prueba para esta reforma será qué tan exitosa es en involucrar a compañías energéticas con experiencia en el desarrollo de yacimientos petrolíferos no convencionales (aguas profundas y shale). Cambios en el gobierno corporativo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con una reducción gradual en la carga tributaria de Pemex, de 79% a 65% de sus ingresos en diez años, y una mayor libertad para diseñar su propia estrategia de inversión, son avances positivos.
Sin embargo, se han presentado denuncias estableciendo que el Ministerio de Hacienda continuará influyendo excesivamente en la industria energética. La preocupación es que si el Ministerio continúa considerando al sector energético como la gallina de los huevos de oro, Pemex y la CFE no podrán contribuir efectivamente al desarrollo económico del país.