El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció la prohibición de portar armas en un área de 16 calles en la ciudad de Colón, en la costa caribeña del país.
La ciudad y las provincias cercanas a Colón fueron mayormente dejadas de lado durante el largo auge económico de Panamá, que estuvo concentrado en la costa del Pacífico.
La zona de libre comercio de Colón ha tenido dificultades para enfrentar la competencia de Colombia, y el desempleo juvenil es especialmente alto en esa parte del país.
El gobierno está impulsando un proyecto de renovación urbana para la ciudad de US$ 500 millones que, según los oficiales, tiene un avance de 33%.
Pero una área donde el progreso ha sido difícil es la batalla contra el crimen. Según los funcionarios, hay 250 bandas operando en el país, y éstas están concentradas en las provincias de Colón, Panamá (alrededores de la capital) y Chiriquí.
El programa para la juventud del gobierno en Colón –llamada Barrios Seguros– parece haber sido particularmente infiltrado por las pandillas. En un incidente en enero, dos niñas de ocho y trece años fueron heridas durante un tiroteo.
El video que muestra a un niño pidiendo protección contra los enfrentamientos generó conmoción en las redes sociales.
Respuesta del gobierno
En respuesta, Varela visitó Colón para reunirse con el menor, una acción que fue rechazada por sus críticos como un gesto populista.
También anunció que el porte de armas será prohibido en el área de 16 calles en el centro de Colón.
Además, las autoridades están considerando establecer una oficina fiscal especial para llevar la investigación y presentar cargos en contra de los miembros de las pandillas.
El cabildeo sobre armas
La prohibición de las armas causó mucho debate. Su porte es legal en el país y está controlado por un sistema de licencias. Desde 2010, está en vigencia una prohibición para importar armas.
Así como en Estados Unidos, en Panamá existe un intenso cabildeo en favor del porte de armas, liderado por la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA).
Según APPA, a sus miembros se les están negando el derecho de defenderse de los criminales.
La organización también cree que solo la Asamblea Nacional, y no el presidente, tiene la autoridad de imponer esa prohibición.
Y el problema, según APPA, está en la posesión ilegal de armas, y no con los propietarios de armas respetuosos a la ley.
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