por Hugh Carnegy
Finalmente el gobierno socialista de François Hollande respondió ayer a meses de presiones por parte del sector empresarial sobre una acción urgente para abordar la decreciente competitividad industrial de Francia al anunciar exenciones tributarias para las compañías por 20 mil millones de euros
(US$ 25.628 millones).
La medida se quedó corta frente a los 30 mil millones de euros de “shock de competitividad” recomendados por Louis Gallois, ex jefe del grupo aeroespacial EADS, en su informe solicitado por el gobierno y publicado el lunes.
Pero la escala del beneficio tributario —la principal medida entre 35 delineadas por el primer ministro Jean-Marc Ayrault— contradijo las especulaciones de que el informe de Gallois sería “enterrado”. El gobierno está bajo presión desde la izquierda para no ceder a las súplicas especiales de la comunidad empresarial para reducir los altos costos laborales de Francia.
La presión de un creciente desempleo, que llega al 10%, y la amenaza de una recesión el próximo año parecieron superar la reticencia del gobierno.
El ministro de Finanzas, Pierre Moscovici, afirmó que las medidas permitirían crear 300 mil empleos en los próximos cinco años y añadirían medio punto porcentual al crecimiento anual en el mismo período. “Es el momento de la verdad”, dijo. “Es un paso que ningún otro gobierno francés ha tomado antes”.
Laurence Parisot, jefe de la federación de empleadores Medef que ha liderado la campaña para un gran recorte en los costos laborales, dijo que las propuestas eran “buenas y significativas”. Ella comentó que Medef quería que el gobierno fuera más allá, con costos laborales que necesitaban caer en 70 mil millones de euros para igualar a Alemania. Pero le dijo a FT: “por primera vez el gobierno francés ha admitido clara e inequívocamente que hay un problema de competitividad costosa. Realmente este es un momento importante para nuestra economía”.
Sin embargo, el gobierno evitó un recorte directo en fuertes prestaciones sociales impuestas sobre los empleados y empleadores que Gallois dijo deberían ser eliminadas. El gobierno pospuso para el próximo año la reforma del financiamiento del intrincado sistema de bienestar.
Las medidas anunciadas “no van al corazón del problema, ya que no enfrentan el alto nivel de las contribuciones de la seguridad social que representa la mayor parte de la brecha tributaria laboral”, dijo Tullia Bucco, economista de UniCredit.
En vez de eso, el gobierno le entregará a las empresas beneficios tributarios por 10 mil millones de euros en 2013 con 5 mil millones de euros más en los siguientes dos años, lo que suma una exención tributaria permanente de 20 mil millones de euros, el equivalente a 1% del Producto Interno Bruto.
El recorte, que estará disponible para las compañías en problemas y para las que están ganando dinero, aplicará a todas las industrias, no sólo a las exportadoras. Los beneficios deben ser usados para estimular la inversión y el empleo, no para financiar dividendos o la recompra de acciones.
Ayrault dijo que las exenciones representaban un recorte de 6% en los costos laborales, entre los más altos de Europa y que, según los empleadores, mina su capacidad de competir a nivel internacional, especialmente con sus rivales alemanes.
Esto será parcialmente financiado con 10 mil millones de euros en recortes del gasto público adicionales durante 2014 y 2015, que todavía no se anuncian, además de ahorros ya planificados para el próximo año. El gobierno ha estado bajo presión, esta semana por parte del Fondo Monetario Internacional, para realizar recortes más profundos en el gasto público, que representa 56% del PIB.
El resto será cubierto a través de un alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de impuestos medioambientales. La tasa base del IVA subirá de 19,6% a 20%, con un alza mayor en una tasa reducida, principalmente para restaurantes, desde un 7% actual a 10%.
Esta situación fue un revés vergonzoso para Hollande, quien anteriormente había abandonado un plan dejado por su predecesor de centro derecha para implementar un alza global del IVA de 1,6 puntos porcentuales a cambio de recortes en las cargas sociales de los empleadores.
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