Por Miles Johnson en Madrid
El gobierno español enfrenta la resistencia de sus propios seguidores conservadores en los intentos de Madrid para calmar las tensiones separatistas en Cataluña. Esto dificulta los esfuerzos del presidente del gobierno Mariano Rajoy para evitar una crisis constitucional.
En contradicción directa con Rajoy, Dolores de Cospedal, la secretaria general del oficialista Partido Popular, atacó la renegociación del sistema español de financiamiento de los gobiernos regionales, que según la rica Cataluña drena sus finanzas.
La crisis económica ha inflamado el sentimiento separatista en Cataluña, una economía del tamaño de Portugal, y la región española con el mayor PIB. Más de un millón de personas asistieron a una marcha independentista en Barcelona este mes.
Este año, el gobierno catalán, que no tiene acceso a créditos para refinanciar su deuda, debió pedir un préstamo por 5.000 millones de euros al gobierno central. El temor por las finanzas regionales es una de las razones del alto costo de la deuda española, que podría llevar a un rescate soberano.
Hoy el parlamento catalán debatirá una secesión si Madrid no acepta renegociar el acuerdo fiscal.
Artur Mas, jefe de la gobernante CiU, ha intentado convencer a Rajoy de permitir a Cataluña mayor control sobre sus impuestos en un nuevo pacto fiscal, pero fue rechazado.
“Mas intenta evitar un viraje hacia la independencia”, asegura Angel Pascual-Ramsay, ex asesor del ex jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. “Pero algunos creen que ya es demasiado tarde, y (...) Cataluña no estará satisfecha incluso si logra un compromiso”.
La presión de Cataluña también genera tensiones con otras regiones que dependen de transferencias del gobierno central.
Funcionarios del gobierno de Rajoy dicen que aunque el PP tradicionalmente se ha opuesto al separatismo catalán y vasco, teme una escalada de tensiones con Mas y prefiere buscar una solución.
El sistema español de 17 regiones autónomas fue creado tras la muerte del dictador Francisco Franco, en parte para acomodar las aspiraciones nacionalistas vascas y catalanas con la nueva democracia.
En el sistema actual, los impuestos son recaudados por el gobierno central con excepción del País Vasco y Navarra, y redistribuidos a los gobiernos regionales.
La oposición socialista ha dicho que España debe evolucionar hacia un sistema federalista, un modelo al cual el gobernante y centralista PP se opone.
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