Más de 40 mil empleados del gobierno federal de Estados Unidos se había acogido hasta este miércoles al plan de retiro anticipado de la administración Trump, que ofrece pagarles hasta fines de septiembre si aceptan partir antes de que comience marzo. La cifra corresponde a aproximadamente 2% de la fuerza laboral civil federal.
Un funcionario de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, sigla en inglés) dijo que el número está creciendo y que la administración espera una avalancha de solicitudes en las últimas 24 horas. El plazo para presentar la solicitud, que puede hacerse simplemente enviando la palabra “renuncia” desde una cuenta de correo electrónico del gobierno, vence este jueves al final del día, hora de Washington.
El presidente Donald Trump y el jefe de su Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, quien además es director ejecutivo de Tesla y SpaceX, han buscado formas de reducir rápidamente el tamaño del gobierno en los primeros días del segundo mandato de Trump. La Casa Blanca estimó anteriormente que entre 5% y 10% de la plantilla federal podría aceptar la oferta.
Según los datos proporcionados por la OPM, en la última década se han retirado un promedio de 62 mil trabajadores federales al año. Unos 298 mil empleados podrán jubilarse en los próximos dos años.
La OPM ha comunicado a los trabajadores que no se puede garantizar la seguridad de sus empleos si no aceptan el acuerdo. La mayoría de las agencias federales “probablemente se reducirán mediante reestructuraciones, realineaciones y reducciones de personal”.
No se han publicado cifras exactas sobre el número de personas que pueden acogerse al plan. Hay casi 2,3 millones de empleados federales civiles, pero el número de personas que pueden acogerse a la renuncia diferida podría ser menos de la mitad. La OPM eximió a los empleados civiles de defensa, inmigración y fuerzas del orden, a los trabajadores de correos y a otros puestos sensibles.
Los sindicatos de empleados federales han instado a sus miembros a no aceptar el acuerdo, cuestionando su legalidad y aplicabilidad. “Los empleados federales no deben dejarse engañar por las hábiles palabras de multimillonarios no elegidos y sus lacayos”, dijo Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.
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