Por Constanza Morales H.
Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina, no tuvieron un buen inicio de año. Ambas anotaron débiles crecimientos entre enero y marzo, con la nación sudamericana expandiéndose 1,9% y el país del norte avanzando sólo 0,8%. Sin embargo, los economistas destacan una gran diferencia: mientras el gobierno de Dilma Rousseff sigue oponiéndose a implementar las grandes reformas estructurales que se requieren para elevar la productividad, la administración de Enrique Peña Nieto finalmente estaría a punto de sacar adelante los cambios esperados hace décadas.
Desde que asumió, en diciembre, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se propuso impulsar avances en diversos sectores para alcanzar una expansión anual de 6%.
A comienzos del mes pasado, Peña Nieto promulgó la ley que modificará el escenario de las telecomunicaciones, abriendo dicho mercado a otros actores.
Si bien esta modificación es relevante –la medida pondrá fin al duopolio entre Televisa y TV Azteca y al monopolio de América Móvil en el sector telefónico–, la atención ahora está puesta en otro proyecto que afecta a uno de los sectores emblemáticos de la nación: una reforma energética.
El monopolio de Pemex
Desde 1938, la industria petrolera doméstica es sinónimo de Pemex, firma estatal que tiene el monopolio del mercado. El país es el séptimo mayor productor de crudo del mundo, pero está mostrando serios problemas. Las reservas han disminuido 41% en trece años y la producción ha caído 25% desde su máximo de 3,4 millones de barriles diarios en 2004.
La producción diaria en Cantarell, el principal campo petrolero, ha retrocedido 74% desde 2006, alcanzando su menor nivel en 22 años. Para detener el descenso, Pemex debe adentrarse más en el Golfo de México en busca de reservas, pero no cuenta con el conocimiento necesario para hacerlo. La firma necesita la ayuda de petroleras globales que han desarrollado la tecnología para perforar en aguas profundas.
Si la producción no sube, las arcas fiscales se verán afectadas, ya que cerca de un tercio del presupuesto proviene de las ventas del crudo.
Cambios constitucionales
La discusión acerca del sector energético en México lleva décadas, pero los principales partidos nunca han logrado un acuerdo sobre las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que hacen referencia a la independencia operacional de Pemex, a la prohibición de la participación de las empresas privadas en el sector y a los frenos sobre el capital privado en la industria petroquímica.
El presidente mexicano necesita una mayoría de dos tercios del Congreso para aprobar los cambios y la autorización de más de la mitad de las 31 legislaturas estatales. El PRI controla cerca de dos tercios de los estados, pero carece de una mayoría en el Congreso.
Por esto, el Partido de Acción Nacional (PAN) podría jugar un rol fundamental en el actual debate. La agrupación de derecha quiere abrir el mercado petrolero y otorgar concesiones a otras compañías del rubro. Y el miércoles se conocerá la propuesta del PAN.
Según miembros del partido, la iniciativa atraería hasta US$ 30 mil millones en inversión privada, elevaría el Producto Interno Bruto (PIB) en hasta dos puntos porcentuales al año y mantendría el control mayoritario de los proyectos en inversionistas locales.
El plan de la derecha precederá a la iniciativa que presentará el Ejecutivo en agosto.
Si bien el oficialismo no quiere ceder parte de la propiedad del petróleo al sector privado, el PRI se inclina firmemente hacia la postura del PAN, por lo que podría producirse una alianza entre ambos para aprobar la esperada reforma que terminaría con el monopolio de Pemex.
Nuevos impuestos
La administración de Peña Nieto planea acompañar los ajustes en el sector energético con modificaciones en el sistema tributario.
La reforma fiscal, que se publicará en septiembre, busca aumentar la recaudación fiscal desde un escaso 9,7% del PIB y reducir los vacíos legales y la evasión.
El proyecto incluiría un alza en los impuestos de los hogares con mayores ingresos y aplicar el IVA a los alimentos y los medicamentos. Además, consideraría un gravamen a las ganancias en la bolsa de valores, que actualmente están exentas del pago tributario.
Las medidas permitirían elevar los ingresos tributarios en 4 puntos porcentuales del PIB, es decir, en unos US$ 50 mil millones.
“Una reforma hacendaria total, ortodoxa y clara implica sacrificios para todos”, afirmó Francisco Arroyo, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del PRI.
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