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REGÍSTRATE AQUÍPor su parte, la Cámara Nacional de Comercio expresó su preocupación por "la falta de certeza jurídica que se ha mantenido hasta ahora".
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 17 de marzo de 2014 a las 15:35 hrs.
Frente a la decisión del gobierno de derogar el Decreto Ley 153, más conocido como el reglamento de 'consentimiento expreso' en contratos de adhesión, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) hizo un llamado a mantenerlo "mientras no se tenga solución definitiva"
"(Hacemos un llamado) establecer -de una vez por todas- reglas claras y estables para la contratación masiva, buscando el equilibrio entre la protección a los consumidores y los intereses de los emisores de crédito", manifestó Cristián García-Huidobro, secretario general del gremio.
El dirigente gremial agregó que "en este sentido, hemos dicho que es preferible contar con una ley y creemos posible aprobarla en breve, pero mientras ello no ocurra es necesaria la existencia de una norma regulatoria".
Similar fue la postura expresada por Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile.
"Es indispensable avanzar y buscar una solución definitiva. Nosotros estamos abiertos y disponibles a participar y contribuir en el debate con el fin de llegar a la mejor fórmula posible, que sea capaz de conciliar el normal funcionamiento de la industria y el derecho de los consumidores a estar plena y oportunamente informados sobre las condiciones contractuales a las que se adhieren", aseguró.
Por otra parte, expresó su preocupación por "la falta de certeza jurídica que se ha mantenido hasta ahora y la falta de claridad sobre cómo, cuándo y quién regulará estas materias".
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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