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REGÍSTRATE AQUÍMinistro de Economía dijo que la actual reglamentación "contraviene" lo establecido en la ley de derechos de los consumidores.
Por: Por Juan Castellón, Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 17 de marzo de 2014 a las 12:16 hrs.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció esta mañana que el gobierno determinó poner fin al decreto 153 que aprobó el Reglamento sobre Manifestación Expresa de la Aceptación del Consumidor en Contratos de Adhesión de Productos y Servicios Financieros (Consentimiento Expreso).
"Hemos tomado esta decisión porque hemos concluido que la actual reglamentación contraviene lo establecido en la ley de protección de los derechos de los consumidores", dijo Céspedes.
Tras revisar los antecedentes técnicos y jurídicos pertinentes, el Ministro anunció que se derogará dicho Reglamento y que se procederá a elaborar uno nuevo, que proteja adecuadamente los derechos de los consumidores, habiendo previamente recogido la opinión de los actores relevantes.
"La solución que se propuso en el Reglamento que conocemos perjudica a los consumidores porque, entre otras deficiencias, entrega al proveedor la facultad de terminar un contrato vigente si las personas no aceptan el cambio de condiciones. Esto da al proveedor un poder casi omnímodo para presionar a los consumidores a aceptar cambios que los perjudiquen, lo que afecta especialmente a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica", explicó la autoridad.
Junto a ello, Céspedes indicó que enviará un proyecto al Congreso para fortalecer el Sernac. La idea, agregó, será dotar a este servicio de atribuciones reales y efectivas para "fiscalizar, normar y sancionar eventuales infracciones a la Ley de los Consumidores".
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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