Las próximas semanas son clave para aclarar el destino de las inversiones del ahora ex presidente de la República, Sebastián Piñera. El jueves mediante un comunicado, el gerente general de Bancard, Nicolás Noguera, informó que solicitará una reunión con el Comité Ejecutivo del family office para “definir el futuro del fideicomiso”. Con esto, comienzan a barajarse las posibilidades que se abren para la administración de la cartera.
En 2009, Piñera entregó por voluntad propia su cartera de acciones, avaluadas en unos US$ 400 millones, a un fideicomiso compuesto por cuatro corredoras de bolsa y administradoras de fondos: Moneda, Bice, Celfin –hoy BTG– y LarrainVial –formulada de cargos en el marco del caso Cascadas.
Hasta la primera semana de marzo, existían dos posturas entre los asesores de Piñera: una que buscaba mantener los contratos a lo menos por seis meses después de finalizado su mandato y así evitar las críticas a las que se podría enfrentar si lo hacía antes de ese lapso; y otra que pretendía comenzar a trabajar en una decisión lo antes posible y comunicarla a los pocos días de que deje la presidencia.
Finalmente, ésta fue la fuerza que se impuso. En la misma carta del jueves, y que se entregó un día después de que se conocieran las declaraciones de Julio Ponce a la Fiscalía, Bancard informó que solicitó una modificación a los contratos para que, sólo por esa única vez, se informara el monto de la cartera entre el 11 de marzo de 2010 e igual fecha de 2014.
En dicho período, el monto administrado cayó a unos US$ 378 millones, lo que significó una rentabilidad negativa de 5,5%.
Los próximos pasos
Ahora, el Comité Ejecutivo de Bancard, compuesto por José Cox, Fernando Barros, Sebastián Piñera M., Javier Cavagnaro y Nicolás Noguera, deberá decidir qué hacer con la cartera de inversiones.
Si bien no se dieron a conocer los detalles de los instrumentos que posee la cartera, se sabe que el contrato del fideicomiso establecía tres criterios básicos: vender -y no adquirir- acciones de empresas concesionarias u operadoras de servicios públicos cuyos precios se encuentren regulados por el Estado; no adquirir más del 2,49% del total de acciones de una empresa determinada, para asegurar que el mandante tendrá siempre una posición minoritaria; y mantener permanentemente a lo menos el 50% de los recursos de la cartera invertidos en Chile.
A su vez, los contratos del fideicomiso permitían “comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y enajenar, toda clase de instrumentos financieros de renta variable, de renta fija, y de intermediación financiera en moneda nacional o extranjera, tales como acciones, cuotas de fondos de inversión, depósitos bancarios a la vista o a plazo, instrumentos del Banco Central de Chile, letras hipotecarias, bonos de empresas, instrumentos derivados, cuotas de fondos mutuos y, en general, otros valores mobiliarios disponibles en el mercado, en la República de Chile, y en el extranjero y celebrar contratos de promesa respecto de los bienes antes indicados”.
En su momento fuentes cercanas comentaron que los contratos son indefinidos y se terminan cuando una de las partes quiera ponerle fin, lo cual da espacio para no tomar decisiones apresuradas.
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