Hacienda cede en definición de LGB que lo mantenía enfrentado a la banca

El proyecto de reforma a la Ley General de Bancos (LGB) había comenzado a convertirse en un dolor de cabeza para el Ministerio de Hacienda.

Esto porque la iniciativa, que es la única que se cree quedará como legado 100% de la administración de Rodrigo Valdés -si es que logra aprobarse antes de que empiece el periodo de elecciones-, estaba generando la oposición de parlamentarios y de la misma industria financiera, en uno de sus principales ejes: la definición de que el gobierno corporativo de la Superintendencia de Bancos (SBIF) seguiría siendo unipersonal.

Es decir, con la figura de un superintendente fuerte, prácticamente sin contrapeso, situación que según comentaban desde el sector financiero, ya había generado problemas en el pasado. Además, recordaban que este modelo iba en dirección opuesta a la planteada para el proyecto de Comisión de Valores, que postula un gobierno colegiado, similar al del Banco Central, que cuenta con un consejo.

Sin embargo, la postura de Hacienda fue reconfirmada en varias ocasiones por ese ministerio.

Por ello es que la sorpresa en el sector privado fue mayor, al escuchar de boca del mismo Valdés, durante su intervención en la comisión de Hacienda de la cámara, que la estructura unipersonal ya no corría.

Un híbrido de transición

“Nos gustaría que esta comisión considerara aprovechar los miembros del Comité de la Comisión de Valores y Seguros (CVS), para que también sean miembros de un comité en la SBIF. Uno podría pensar en una Comisión Financiera, sin los superintendentes, que visite a cada Superintendencia y participe en temas normativos, sancionatorios, en propuestas legales. Quedaría dentro de la Superintendencia la fiscalización, investigación y funcionamiento del servicio”, comentó Valdés, quien de paso solicitó a los diputados una semana de plazo para entregar una minuta con ajustes técnicos al proyecto de la CVS, con el objeto de “ensamblar” con facilidad a un esquema de supervisión financiera consolidada si se decide avanzar en esa dirección en el futuro.

“Nuestra primera idea fue tener un gobierno unipersonal en el SBIF, porque es natural que en muchos temas el Banco Central sea la contraparte, pero eso no ocurre en todos los temas, por ejemplo en las multas”, dijo, haciendo referencia a uno de los argumentos que la banca esgrime para preferir un gobierno colegiado (ver nota relacionada).

Las ventajas del modelo

En la instancia, Rodrigo Valdés destacó que entre los beneficios de este esquema se encuentran el contar con comisionados “con más espaldas”, tener puestos mejor pagados para así contar con los mejores candidatos al cargo, “usar mejor los recursos que tenemos y compartir información de manera más efectiva”.

Por otro lado, si bien el ministro aclaró que no aspira a que se tomen decisiones inmediatas sobre este punto, hizo hincapié en la necesidad de dejar el debate avanzado para “tener la oportunidad de hacer esta discusión con el tiempo y madurez que se requiera cuando tratemos la LGB. Nos parece bueno dejar la comisión de valores armada como proyecto, de manera tal de lograr un fácil ensamblaje”, afirmando que de esta forma la base funcionará “como un Lego”, ya sea que se opte por un esquema de supervisión financiera consolidada o no.

Los "problemas" de la discrecionalidad según los bancos

La estructura del gobierno corporativo de la SBIF era uno de los puntos del proyecto de reforma a la LGB, que se había convertido era un serio candidato a pasar sin pena ni gloria. Esto porque en la iniciativa también se incluyen los mayores requerimientos de capital de Basilea III, su calendario de implementación, y otros puntos relacionados con el capital de la banca que ya habían generado debate en el mundo.

Sin embargo, fueron hechos ocurridos poco antes de que se anunciara el proyecto de reforma los que hicieron que éste cobrara importancia.

Según comentan fuentes del sector, todo lo que se refiera a la discrecionalidad con la que cuenta el regulador para interpretar la norma, se ha vuelto un punto crucial para la industria, ya que "abundan los ejemplos sobre cómo afecta a la certidumbre jurídica".

Es así como recuerdan uno de los episodios más polémicos del último tiempo: la multa que aplicó la SBIF a CorpBanca, que asciende a US$ 30 millones, por haber superado los límites de crédito a un mismo emisor, en el caso de las sociedades Cascada.

Y si bien el monto de la sanción es considerable, el principal problema estaría en el hecho de que en el primer trimestre de 2010, la institución entonces aún controlada por Álvaro Saieh, otorgó un crédito de US$ 115 millones al Fondo de Inversión Privado (FIP) Synergia -usado para acudir a un aumento de capital de SMU-, y la superintendencia, que en ese periodo estuvo liderada por Raphael Bergoeing no cuestionó que el banco no lo considerara como crédito entre relacionados.

En la misma línea, apuntan a otro hecho de esa administración, que es la derogación de normas que permitían alzas unilaterales en las comisiones por los bancos -terminando así con el "consentimiento tácito"-, y que aún no ha sido reemplazada por una normativa nueva.