La empresa La Cruz Inmobiliaria y Constructora -de propiedad del expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado, y de Marcelo Garrido- solicitó a la justicia citar a sus acreedores para modificar su acuerdo de reorganización vigente. La firma acusó “extensas tramitaciones” municipales y del Serviu, lo que, afirmó, ha impactado en su negocio.
La compañía es una de las más grandes constructoras de viviendas económicas y la primera que logró aprobar un convenio judicial, en octubre de 2022.
“El crecimiento de la empresa y los buenos resultados obtenidos se vieron afectados a partir del año 2020 por efectos de la pandemia, ya que los plazos de ejecución de las obras se fueron ampliando debido a las cuarentenas y restricciones de movilización, retrasándose las ventas, pero manteniéndose la estructura de vencimiento de los financiamientos”, dijo la compañía en su solicitud de reorganización, cuando informó pasivos por unos US$ 80 millones, siendo sus principales acreedores los bancos Scotiabank, Consorcio y Santander.
La empresa fue asesorada por Capital Trust -vinculada a Rodrigo Muñoz- en materias financieras y comerciales, y por Castañeda Abogados -de Luis Felipe Castañeda- en los temas jurídicos y de negociación. Como interventora fue elegida Daniela Camus Astorquiza.
La firma es liderada por Hurtado, constructor civil de la Universidad Católica, quien ha desarrollado su carrera en empresas de ingeniería dedicadas a la construcción. Entre 1989 y 2005 desempeñó labores en Brotec, donde alcanzó la gerencia general. A mediados de 2010 asumió como primer vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ocupando la presidencia entre 2012 y 2014. Además, es past presidente del Consejo de Política de Infraestructura (CPI) y presidente del directorio de Caja Los Andes, ligada al gremio constructor.
Garrido, en tanto, es asistente social de la Universidad Católica de Valparaíso con vasta experiencia en el área inmobiliaria, desempeñándose en sus inicios como Agente Regional de la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción en la V y VII regiones. Por más de 16 años ocupó importantes cargos ejecutivos en inmobiliarias de presencia nacional.
Eventual incumplimiento
A principios de noviembre, en un escrito presentado a la justicia por el abogado Luis Felipe Castañeda, la empresa anunció su interés de modificar el convenio.
Según consta en el texto vigente del acuerdo de reorganización, el calendario de los acreedores valistas, establece el pago total de las acreencias en el mes de noviembre de 2025, con los recursos provenientes de la devolución del Crédito Especial de Empresa Constructora, correspondiente al ejercicio tributario de 2024.
“Debido a los mayores plazos en el término de algunos proyectos, producto de extensas tramitaciones para obtener Recepciones Municipales y Resoluciones de Serviu, no se pudo recibir ni escriturar la cantidad de viviendas que se esperaba cuando se propuso la última modificación del acuerdo de reorganización judicial, aprobada con fecha 30 de julio del año 2024”, dijo el abogado de la compañía a la justicia.
Y añadió: “Con la finalidad de evitar el eventual incumplimiento del acuerdo de reorganización, es que vengo en solicitar la modificación de éste”.
La empresa propuso dos alternativas de pago, lo que, según dijo, le permitirá “continuar cumpliendo el acuerdo de reorganización judicial como lo ha hecho hasta ahora y mantener al día el pago de los acreedores”.
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