La industria de AFP, a excepción de UNO, se ha mantenido prácticamente al margen del debate público en la última milla de la reforma de pensiones.
Sin embargo, este martes el gremio de aseguradores de Estados Unidos (American Council of Life Insurers, ACLI, por su nombre en inglés), que reúne a algunas de las firmas que controlan AFP chilenas, como Principal Financial Group (controladora de AFP Cuprum), MetLife (de AFP ProVida) y Prudential Financial (dueña de una parte de AFP Habitat) criticó la iniciativa.
A través de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, los ministros del Trabajo, Hacienda, Segpres, Relaciones Exteriores, entre otras autoridades, el gremio -que agrupa a 280 compañías que en conjunto representan el 94% de los activos de esta industria en EEUU- puso la nota de alerta sobre los efectos de la reforma.
“Chile ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile”, sostuvo el presidente y CEO de ACLI, David C. Chavern.
Sin embargo, advirtió que “la reforma de pensiones propuesta no solo socaba esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversionistas estadounidenses, amenazando la posición de Chile como un destino confiable y estable para la inversión extranjera”.
Expuso que la licitación del stock “constituiría una expropiación de inversionistas significativa de EEUU en Chile y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversionistas estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional”.
También, criticó que el mecanismo obligaría a los gestores de inversiones a tomar decisiones subóptimas, incluida la liquidación frecuente de activos a un costo significativo, que reduciría los rendimientos de las inversiones y tendría un impacto en las pensiones.
Además, cuestionó la propuesta de permitir que el Instituto de Previsión Social (IPS) “proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones constituye un trato injusto para los incumbentes que han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”.
Agregó que “el reciente anuncio de incluir a un inversor público, financiado por el Estado, afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas”.
Advirtió que “tales violaciones de los derechos de los inversionistas de larga data perjudicarían la posición global del país y disuadirían la inversión extranjera futura”.
Así, sostuvo que “las empresas que han realizado y continúan realizando inversiones significativas en Chile, confían en contar con un marco regulatorio de normas y derechos, muchos de los cuales están codificados en los diversos tratados que Chile se ha comprometido a soberanamente honrar”.
Expresó que “la violación de Chile de tales obligaciones internacionales afectaría negativamente la confianza de los inversionistas en Chile” y advirtió que “el abuso de los derechos fundamentales de los inversionistas llevará incluso a los inversionistas de buena fe a buscar reparación legal”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Pensiones
{{/if}}
