El martes en la noche, el Consejo Consultivo Previsional (CCP) envió a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, el informe con su opinión respecto a los cambios que contempla la reforma de pensiones para el sistema solidario, hoy consistente en la Pensión Garantizada Universal (PGU).
En el documento, el grupo de expertos, liderado por la exministra del Trabajo, Alejandra Krauss, e integrado por Paula Benavides, Cecilia Cifuentes, Carlos Díaz y Andras Uthoff, analizó los informes financieros y regulatorios que acompañaron al proyecto de ley, a los que tuvieron acceso el 8 de noviembre, después de su ingreso al parlamento.
En sus 44 páginas, destacan algunas críticas a los datos de la Dipres referentes a beneficiarios de la PGU, y su discrepancia con el Gobierno respecto de los impactos de la propuesta de cambios a la PGU, sobre el empleo formal. “La PGU y su cobertura podría producir desincentivos a trabajar formalmente y al ahorro previsional, particularmente en trabajadores de ingresos medios y bajos (...) Estimamos que el efecto que provoca el aumento de la PGU tendrá un mayor impacto sobre aquellos afiliados activos con menores salarios y con más posibilidades de trabajar informalmente, lo que les permite evadir o eludir las cotizaciones previsionales”, consigna el informe.
"Hay un impacto real en el tema de las mujeres y creo que es una política pública que contribuye a disminuir las desigualdades, que es algo absolutamente necesario", destaca Alejandra Krauss, presidenta del CCP.
Según el Consejo, “para estas personas la medida propuesta tendría un impacto negativo en cuanto a empleo formal y ahorro previsional”, aunque, igualmente resaltaron que la propuesta de ley contemple “incentivos en la cotización para los sectores de menores ingresos a través del sistema de seguro social, que podrían contribuir a atenuar el efecto anterior”. Con todo, concluyen sugiriendo que “se realicen nuevos estudios empíricos para el caso chileno que permitan sacar conclusiones más robustas de los efectos de variaciones en el pilar solidario y PGU sobre el mercado del trabajo y del ahorro previsional”.
La presidenta del CCP, Alejandra Krauss, explicó a DF, que la visión del Consejo, responde a que en Chile, la informalidad ha mantenido una tasa alta y constante, en torno al 30%, que además es mayor en las mujeres. "Este es un fenómeno de larga data, que no se puede atribuir ni a la pandemia ni a los últimos años. Es algo persistente y por lo tanto, necesariamente, uno tiene que ser capaz de observar. Fortaleciéndose la PGU -que es un instrumento del cual todos creemos que es un avance en materia de protección social-, tenemos que observar si esto pudiera efectivamente impactar negativamente y hacer más resistente las estructuras de informalidad. Los estudios no son concluyentes, por lo tanto necesitamos hacer más estudios porque lo que el país necesita es más formalidad".
Krauss destaca asimismo del informe, el aumento gradual de los beneficiarios de la pensión, y su impacto en las mujeres. "Hay un impacto real en el tema de las mujeres y creo que es una política pública que contribuye a disminuir las desigualdades, que es algo absolutamente necesario".
Impactos fiscales
Según el Consejo los beneficiarios de la ampliación de la PGU al 2024, llegarían a 2,5 millones, es decir, a 88% de la población de 65 años y más. Esto implica 95.143 nuevos beneficiarios, número que aumentara en función de la demografía, superando los 330 mil en 2030. El beneficio, mantendrá su máximo de cobertura (96% de los mayores de 65 años) entre 2038 y 2065 y “luego empieza a decrecer debido a que hay un mayor porcentaje de adultos mayores que quedan excluidos por tener una pensión base mayor a la pensión superior”, precisaron.
El impacto en el gasto fiscal de la reforma responde a la modificación al tratamiento de las pensiones de leyes especiales; el aumento de la PGU a $ 250 mil y el incremento en la cobertura al modificar la focalización en base a la población total; el aumento asociado en la PBS de invalidez; y la eliminación del test de afluencia, siendo el más significativo “el aumento de la PGU, que, con excepción de los dos primeros años, fluctúa entre 70% y 83% del mayor gasto público”, dijeron.
“En el primer año desde promulgada la ley, la eliminación de la exclusión de las leyes especiales representa 31% del total, pero cae rápidamente en los años siguientes. En el resto del período analizado, la eliminación del test de afluencia ocupa un segundo lugar en términos del impacto en el gasto fiscal”.
Entre 2030 y 2056 el gasto generado por esta reforma muestra un patrón creciente y a partir de 2062, "el gasto de la reforma empezaría a caer, lo que en principio llama la atención, producto de que la población adulta mayor de 65 años sigue creciendo”, advirtieron los expertos.
Asimismo, se refirieron a la necesidad de “fortalecer” las capacidades de la Subsecretaría de Previsión Social (de la que depende la instancia consultiva) “considerando la envergadura de los análisis actuariales que se requieren en el contexto de la reforma y el nivel de los compromisos fiscales que se generan con la misma”, según afirmaron en el texto.
Críticas a la Dipres
El CCP también hace explícitas algunas diferencias en los datos entregados por la Dipres, como por ejemplo respecto de la cobertura proyectada que alcanzaría a 88% de la población de 65 años y más, estimada por el organismo. Según indicaron, esta última cifra difiere” de la presentada en el informe financiero del proyecto de ley, “ya que, a partir de las consultas efectuadas, DIPRES efectuó dicha corrección pues originalmente se incluía el efecto de modificar la población de referencia para el test de afluencia, lo cual solo entrará en vigencia el segundo año", afirmaron. "Es decir, existirían 95.143 beneficiarios adicionales”, según explicaron, principalmente por la incorporación de pensionados por leyes especiales, de reparación y gracia, que acceden a la PGU al tercer mes.
El consejo, sugiere asimismo, que “se elaboren y publiquen escenarios de proyección de largo plazo en que se contemple un crecimiento real para los parámetros de la PGU, pensión inferior y pensión superior, en línea con los salarios reales, incluyendo análisis de sensibilidad”, de acuerdo con prácticas internacionales.
También observaron “diferencias relevantes” entre la población de 65 años y más proyectada por DIPRES y las estimaciones de población de la división de población de CEPAL en su revisión 2022. “Las proyecciones DIPRES llegan a ser hasta 10% superiores, lo que implicaría por este factor un escenario más conservador desde el punto de vista fiscal”.
En ese marco, sugieren “revisar las calibraciones de población utilizadas en el modelo, de forma de que se ajusten con la mayor precisión posible a la mejor información poblacional disponible. De esa forma, se resguardaría igualmente, la precisión en la comunicación de beneficiarios esperados y de impacto de política pública”.
Por último, advierten que "las trayectorias analizadas reflejan las limitaciones que impone para el análisis de largo plazo, el anclar los parámetros en términos reales mientras que los salarios y las pensiones evolucionan con las variables reales de la economía".
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