Poco más de tres meses lleva la tramitación de la reforma previsional en el Senado, donde la discusión se ha centrado en aspectos técnicos, mientras en paralelo, se buscan acuerdos políticos que permitan darle viabilidad política a una de las iniciativas más emblemáticas del Gobierno del Presidente Boric.
Entre los ejes técnicos, la idea de licitar una proporción del stock, vale decir, una parte de la cartera de los antiguos afiliados y no solo de los nuevos como ocurre actualmente, está ganando adeptos entre los parlamentarios que discuten la reforma.
La medida que está contenida en el proyecto de ley del Ejecutivo también ha sido promovida por el economista y senior fellow de la UAI, Salvador Valdés. Sin embargo, a la industria de AFP no le parece esta idea.
A través de una minuta titulada "Licitaciones de afiliados antiguos: 9 razones por las que no es una buena idea", el gremio comenzó a difundir, entre actores del mundo previsional, los argumentos que demostrarían que la licitación del stock no es una política pública que mejore la pensiones.
El documento habría sido distribuido, entre otras personas, por la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi.
No sube pensiones
El documento de las AFP asegura que la licitación no sube pensiones (lo que realmente implica un alza son otras medidas) asegura el documento.
Apuntaron que lo que sí logra elevar las jubilaciones son iniciativas como elevar la tasa de cotización a la cuenta del trabajador, enfrentar las lagunas previsionales e informalidad laboral, hacerse cargo del aumento de las expectativas de vida, modernizar el régimen de inversiones y educar a las personas en materia previsional.
"Ninguna modificación en la organización del sistema tendrá un impacto tan relevante como la de los parámetros, que podría llevar a multiplicar las pensiones por 3 o 4 veces", establece el documento.
Grupo acotado de afiliados
En segundo lugar, argumentaron que la licitación del stock de afiliados no se aplicaría a gran parte de los afiliados, pues "se debe considerar que en torno a 50% de los afiliados no está pagando comisión hoy por la administración de sus fondos" y que el beneficio percibido por éstos correspondería a una supuesta rebaja en la comisión cobrada, "que además de ser potencialmente marginal, implicaría un aumento de su renta líquida en el presente, no en su pensión".
Commodity
En el tercer punto, abordaron una frase que ha salido a la palestra durante la discusión en el Congreso: "La administración de pensiones no es un commodity".
En ese contexto, apuntaron que plantear la licitación de afiliados antiguos, independiente de la modalidad en que se implemente, "asume que la administración de pensiones es un commodity, como un GWh de energía".
Invade la libertad de elección
Otra razón por la que se oponen las AFP es que la licitación invadiría la libertad de elección y que "vulneraría un principio muy enraizado en la población", según lo han demostrado varias encuestas.
Peor servicio, peor rentabilidad, peor pensión
También, argumentaron razones más técnicas. Dentro de estas, se destaca que una licitación enfocada en costos derivaría en un peor servicio, peor rentabilidad y por ende, peor pensión.
"La licitación de afiliados, al mantener a los clientes cautivos por un cierto período de tiempo, coartaría los incentivos de los participantes para contactarse, diferenciarse y ofrecer los mejores servicios y asesoría a los afiliados licitados; tendería a commoditizar el servicio", consigna el documento.
Al fijar el precio como única variable de decisión, la minuta de las AFP asegura que "minaría el potencial de rentabilidad, seguridad o servicio a los afiliados, puesto que disminuyen los recursos disponibles".
Control del Estado
El sexto punto que pusieron sobre la mesa es que la licitación mezclada con la creación de un ente público generaría un control por parte del Estado. Esta es otra discusión que se ha tomado el debate tanto en la Cámara como en el Senado.
La minuta establece que "un ente público que administre los ahorros y que participe de las licitaciones, tiene una probabilidad mucho más alta que un privado de poder ir con una comisión muy baja, sobre todo si es subsidiado por el Estado".
Con ello, aseguraron que el resultado probable "después de licitaciones sucesivas adjudicadas al Estado es la creación de un (cuasi) monopolio estatal".
Así, estimaron que el Estado podría en menos de una década, administrar más de dos tercios de los fondos de pensiones (o 50% del PIB).
Impacto en los mercados
Otra razón que levantan es que las licitaciones del stock, en un modelo con fondos generacionales, tendría un impacto en los mercados, considerando que este tipo de régimen implicaría invertir una proporción mucho mayor en activos ilíquidos. Por ende, producto de la licitación, el administrador de pensiones tendría que liquidar en los mercados un monto muy importante, lo que generaría impactos en volatilidad y rentabilidad de los fondos.
Además, aseguraron que la licitación del stock se basa en premisas incorrectas, ya que sí hay competencia y "los retornos no son sobre sobrenormales".
Se genera un potencial caso de expropiación
Por último, la minuta estableció que la licitación generaría un potencial caso de expropiación. "En el caso de implementarse una licitación de afiliados ya existentes, ello implicaría una expropiación de la inversión realizada por los dueños de las administradoras para captar esa parte de su cartera, lo cual, en caso de no ser compensado, vulneraría la Constitución y los tratados de libre comercio que ha firmado el Estado".
Con ello, advirtieron que se podrían enfrentar eventuales juicios y generaría cuestionamientos de constitucionalidad.
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