La catástrofe provocada por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble ha impactado a los proyectos de inversión locales, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío dictaminó la suspensión temporal de los procesos de evaluación de al menos seis proyectos, una medida administrativa que, si bien responde a la lógica de la emergencia, ha encendido las alertas en el sector privado respecto a la capacidad del Estado de gestionar la crisis sin paralizar el desarrollo productivo.
La Resolución Exenta, que rige entre el 20 de enero y el 2 de febrero de 2026, detiene los plazos administrativos, procesos de participación ciudadana (PAC) y consultas indígenas, bajo el argumento de resguardar el debido proceso, en medio del Estado de Excepción Constitucional. Entre los proyectos detenidos figuran iniciativas estratégicas como el Parque Eólico Coyanco de CMPC, el Parque Eólico Los Tulipanes de Arauco, la regularización del Parque Logístico y Empresarial de Inmobiliaria Madesal y el proyecto de extracción de tierras raras de Aclara, en Penco.
"Doble impacto” en la economía regional
Si bien existe consenso político transversal sobre la inviabilidad de realizar actividades en terreno o consultas ciudadanas bajo el Estados de Catástrofe, el mundo empresarial mira con preocupación el "día después".
Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) del Biobío, advirtió sobre la externalidad negativa que este freno administrativo puede tener en la capacidad de resiliencia económica de la zona. Para el líder gremial, la región enfrenta un escenario de "doble impacto". Por un lado está la pérdida de vidas y destrucción material inmediata de las zonas afectadas y por otro, el riesgo de que las inversiones se detengan.
"Nuestra prioridad absoluta hoy es la solidaridad con las víctimas (...) Sin embargo, no podemos perder de vista el día después", declaró Ananías. El dirigente fue enfático en vincular la agilidad del Estado con la recuperación social, argumentando que "la mejor forma de ayuda social post-incendios es el empleo. Y sin permisos aprobados a tiempo, no hay obras, no hay faenas y no hay empleo de calidad para las familias afectadas".
El llamado de la multigremial del Biobío apunta a evitar que la contingencia se transforme en un cuello de botella estructural. "El Estado debe tener la capacidad de atender la contingencia junto con retomar el crecimiento regional, en caso contrario estaremos hipotecando la reconstrucción económica", agregó y solicitó reforzar los equipos técnicos del SEA y organismos sectoriales para evitar que la "permisología" se agudice tras la catástrofe.
Reacciones políticas
En el Congreso, la medida del SEA fue validada como un acto de "razonabilidad" legal dada la situación de catástrofe, postura compartida desde el diputado Félix González (PEV) hasta el senador Gastón Saavedra (PS). Sin embargo, parlamentarios como Roberto Arroyo (PSC) y Flor Weisse (UDI) se alinearon con la preocupación de fondo del sector productivo respecto a la necesidad de que esta suspensión sea sólo transitoria.
"Es evidente que necesitamos atraer inversión estratégica", sostuvo Arroyo, mientras que Weisse recalcó que, superada la emergencia, se debe retomar el ritmo con plazos claros para compatibilizar el crecimiento económico con la legitimidad social.
Aclara vuelve a la pausa
La suspensión llega en un momento crítico para Minera Aclara. La iniciativa de tierras raras, reingresada al SEIA en junio de 2024 enfrenta la oposición de algunos sectores como la del alcalde de Penco, Rodrigo Vera.
El proyecto ha estado nuevamente en la coyuntura, luego que organizaciones y portales informativos sugirieran su responsabilidad en el origen de los incendios forestales que terminaron con la devastación de casi 30 mil hectáreas de bosque nativo y exógeno, y la perdida de 20 vidas en las localidades de Lirquén y Punta de Parra.
Hace unos días, fue la propia compañía minera la que salió a acallar los rumores. A través de una declaración pública, en que frente a este escenario, “somos claros y categóricos en señalar que se trata de afirmaciones falsas, irresponsables y malintencionadas. Por el contrario, también hemos sido directamente afectados por esta catástrofe. Confiamos plenamente en el trabajo de las autoridades competentes que están investigando las causas de la emergencia y no dudaremos en sumarnos o ejercer las acciones que correspondan para perseguir a quienes resulten responsables”.
La discusión escaló a nivel nacional luego de que el presidente electo, José Antonio Kast, al ser consultado en la zona por su opinión sobre esta idea, aludió a las trabas ambientales de la iniciativa de capitales canadienses y que uno de sus ingresos a evaluación ambiental fue detenido "por unos naranjillos", declaraciones que reavivaron el debate sobre la certeza jurídica y los estándares ecológicos en plena emergencia.
Por ahora, la inversión en el Biobío queda en pausa administrativa, a la espera de que el control de los incendios permita reactivar no sólo la seguridad física de la región, sino también su motor de desarrollo.
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