Un conflicto entre socios de uno de los restaurantes más conocidos de Iquique escaló a tribunales e iniciará un nuevo capítulo este 9 de abril, cuando el Juzgado de Garantía de la ciudad realice una audiencia de formalización contra Cristián Araya, miembro de Alpha Group SpA, sociedad dueña del restaurante Chiringuito de Cavancha, denunciado por administración desleal y lavado de activos.
La sociedad está conformada por Gunther Ziller, con 42,5% de la propiedad, Araya (32,5%) y William Obregón (el 25% restante).
La investigación del Ministerio Público, que surgió tras una querella de Ziller y Obregón, apunta a una serie de operaciones financieras entre 2022 y 2025 y que, según antecedentes de la causa, involucran montos superiores a $ 682 millones.
De acuerdo con la versión de Ziller, las irregularidades comenzaron a detectarse tras revisar la administración financiera de la empresa. “Nosotros nos dimos cuenta con mi socio (Obregón) en abril del año pasado ya de todas las irregularidades, porque hace dos años que no teníamos reunión de directorio ni entrega de balances ni informes financieros”.
Las irregularidades denunciadas
Según los denunciantes, tras la realización de una auditoría habría quedado al descubierto un esquema de operaciones para facilitar manejos irregulares de fondos, desvío de dinero a cuentas personales de Araya, la contratación de servicios sin autorización y el uso indebido de licencias médicas para trabajar en otras empresas.
Las inconsistencias impugnadas inclurían transferencias de dinero a cuentas personales, pagos de gastos particulares y traspasos de recursos a otras sociedades. “Pagó una tarjeta Falabella personal por más de $ 20 millones, se pagaron departamentos desde 2023 y también traspasaba dinero a sus tarjetas y a su empresa. Incluso se asignó un sueldo como gerente general sin avisar al directorio”, detalló Ziller.
Además, al verificar los balances se habría detectado gastos generales por $ 276 millones en 2023 y $ 300 millones en 2024, de los cuales aproximadamente $ 267 millones carecerían de respaldo documental, precisó.
También acusó que se habrían pesquisado transferencias realizadas desde la cuenta de la empresa para pagar las tarjetas de crédito personales del querellado, que no fueron informadas ni justificadas a la sociedad, por más de $ 23 millones.
Sobre la querella, Juan Carlos Manríquez, abogado que representa a Ziller y Obregón, sostuvo que “hay antecedentes que dan a entender y sustentan que el imputado se ha apropiado y distraído por sí y a través de otras personas con maniobras fraudulentas, y además de ocultamiento, de más de $ 800 millones en dinero sustraído desde diversas partidas, simulando proveedores, alterando balances, alterando cuentas, apropiándose de las propinas de los trabajadores, incluso, en beneficio personal, adquiriendo vehículos, un par de departamentos, y además constituyendo sociedades ficticias, destinadas única y exclusivamente a aprovechar el efecto del fraude”.
Según Manríquez, la empresa ha realizado “todas las acciones civiles, penales y arbitrales” en contra del imputado y aseguró que se han dirigido medidas cautelares sobre los bienes defraudados. También se espera que se realicen otras diligencias como citaciones a personas cercanas al imputado y “que, según los antecedentes, también se prestaron para encubrir estos delitos”.
Acusaciones cruzadas
Desde la defensa de Araya, en cambio, responden que el proceso judicial se enmarca en una disputa societaria entre los accionistas de la empresa. Por medio de una declaración pública, Josefa Valdés, la abogada del empresario, recordó que la formalización de una investigación penal no constituye una declaración de culpabilidad, sino un acto procesal mediante el cual el Ministerio Público comunica una imputación que deberá ser conocida y discutida ante los Tribunales de Justicia.
La defensa agregó que el imputado comparecerá a la audiencia para ejercer su derecho a defensa y que esperan que los antecedentes presentados permitirán desvirtuar las acusaciones. Además, el comunicado sostiene que el origen del conflicto radica en la administración de la empresa Alpha Group y que el propio Araya presentó una querella criminal en contra de los actuales administradores del restaurante.
En esa acción judicial se exponen antecedentes que, según la defensa, podrían configurar delitos de apropiación indebida reiterada y administración desleal en contra de Ziller y Obregón, además de posibles infracciones vinculadas a Ley de Delitos Económicos. Según la presentación realizada ante el tribunal, las decisiones adoptadas por los actuales administradores de la empresa habrían generado un perjuicio estimado superior a $ 842 millones para la sociedad.
Reestructuración financiera
Finalmente, Ziller aseguró que junto a Obregón asumieron la administración del restaurante en junio de 2025 y que, en ese momento, la empresa acumulaba deudas con sus proveedores cercanas a los $ 400 millones.
Desde entonces, indicó, realizaron una reestructuración financiera para estabilizar la operación del local. “Fue un trabajo de ocho meses muy fuerte, pero pudimos revertir la situación de cómo nos entregó la (administración de la) empresa”, sostuvo.
El restaurante da empleo actualmente a 85 trabajadores, lo que fue una de las razones para intentar mantener el negocio en funcionamiento pese al conflicto judicial, señaló Ziller. “Son 85 familias”.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
