La expansión de la infraestructura aeroportuaria fue una de las apuestas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante la administración anterior. Entre sus proyectos estrella figuraba la ampliación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, que consideraba sumar nuevos terminales de pasajeros y una tercera pista, con una inversión cercana a los US$ 4 mil millones.
Pero el plan no se limitaba a la capital. El Gobierno de Gabriel Boric también impulsó una batería de iniciativas en regiones, como el mejoramiento del aeródromo de Viña del Mar, la creación de un terminal internacional de carga en el Maule y la ampliación del aeródromo de Chillán, con miras a fortalecer la conectividad aérea y anticiparse a un aumento en la demanda.
Sin embargo, lo que en su momento fue definido como prioritario, hoy ha perdido fuerza, y con la llegada de Martín Arrau a la cartera, estos desarrollos pasaron a un segundo plano.
Antes de asumir, el exintendente de Ñuble delineó una hoja de ruta con 70 obras prioritarias en las que concentrará la gestión. En reiteradas ocasiones, además, ha enfatizado que su foco estará puesto en infraestructura ligada a la seguridad, el agua y otras áreas críticas. Según cercanos al ministerio, ninguna de las iniciativas aeroportuarias forma parte de ese listado.
Con su arribo a Morandé 59, el panorama se ha ido aclarando. De acuerdo con dos fuentes de la industria y una del Gobierno, los proyectos hoy “penden de un hilo”, y todo apunta a que la actual administración optará por congelarlos.
US$ 4.000 millones es la inversión presupuestada para la ampliación de AMB.
La ampliación de AMB
En el caso del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, la exministra López dejó el proyecto en marcha. De hecho, el MOP avanzó en la licitación para el diseño de la ampliación, proceso que recientemente recibió cinco ofertas. Según el cronograma original, la adjudicación está prevista para fines de abril.
No obstante, ese escenario podría cambiar. Las mismas fuentes señalaron que la actual administración evalúa detener el proceso, ya que, a juicio de la cartera, una expansión de esa magnitud “no tendría sentido” con las condiciones actuales.
Entre los factores que explican este giro está la demanda proyectada. El flujo de pasajeros estimado para justificar la ampliación no se alcanzaría en el corto plazo, en parte por los efectos que aún arrastra la pandemia. A ello se suma que, en varias ocasiones, la industria ha demostrado que la infraestructura existente puede ser mejor aprovechada.
Las fuentes apuntaron a medidas como la implementación de terminales mixtos -en lugar de separados para vuelos nacionales e internacionales-, lo que permitiría extender la vida útil del aeropuerto sin necesidad de una expansión.
Desde la Dirección de Aeropuertos del ministerio señalaron que la licitación del anteproyecto sigue dentro de los plazos establecidos y que actualmente se están evaluando las ofertas recibidas.
Sin embargo, fuentes del MOP adelantaron que se optaría por pausar la iniciativa, revisar el plan maestro y evaluar eventuales ajustes o incluso su descarte.
El escenario en regiones
El panorama se replica en regiones. En Concón, el proyecto de mejoramiento del aeródromo ya cuenta con aprobación ambiental y, de acuerdo con la planificación vigente, durante 2026 debería licitarse la primera etapa de obras.
En el Maule, en tanto, la iniciativa se encuentra en etapa de estudio de demanda, mientras que la ampliación del aeródromo de Chillán -cuyo análisis comenzó en 2025- debiera concluir durante este semestre.
Sin embargo, al igual que en Santiago, fuentes de la industria y del Gobierno señalaron que estas iniciativas tampoco avanzarían. Las razones apuntan a proyecciones de demanda poco robustas y a la cercanía con otros aeropuertos, cuya capacidad -afirmaron- aún puede ser mejor aprovechada, lo que reduce la viabilidad de nuevos desarrollos. En esa línea, el MOP también evaluaría frenar estos procesos.
Más allá de estos desarrollos, una fuente de la cartera explicó que el foco estará puesto en optimizar la infraestructura existente. Entre las medidas que se analizan figuran la extensión de horarios de operación -permitiendo funcionamiento 24 horas en algunos aeropuertos- y el fortalecimiento de sistemas críticos, como los de operación en condiciones de baja visibilidad, por sobre el impulso de nuevas obras de gran escala.
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