El directorio de Zofri S.A. aprobó el 4 de febrero la renovación de la concesión para administrar la Zona Franca de Iquique hasta 2050, acuerdo que deberá ser ratificado en una junta extraordinaria de accionistas el 17 de febrero.
La decisión, adoptada a semanas del cambio de gobierno, ha sido calificada como una “ley de amarre” por usuarios y autoridades regionales, quienes advierten que consolida un modelo de gestión cuestionado, sin que se conozcan públicamente los términos del nuevo contrato, , convirtiéndose en uno de los principales focos de tensión en la reggión a semanas del cambio de gobierno. Desde la empresa, en tanto, se argumenta que la continuidad permite asegurar inversiones y estabilidad financiera.
El acuerdo fue aprobado y extendió el vínculo con el Fisco de Chile por 20 años adicionales, información que la compañía comunicó como hecho esencial a la Comisión del Mercado Financiero (CMF).
Cuestionamientos desde los usuarios
Pese a estos antecedentes, la reacción de los usuarios de la Zona Franca fue inmediata y transversal. Desde la Unión de Empresarios Zofri (UEZ), su vicepresidente, Ariel Lepiske, realizó una de las críticas más duras al proceso y al modelo de gestión vigente.
“Desde el primer día los usuarios nos opusimos a que se le renueve la concesión a Zofri S.A. como administradora, porque lo han hecho pésimo en los últimos años y eso se demuestra con creces. Se ha hablado con Hacienda, con Economía, con diputados, con senadores y aun así insisten en renovar una concesión que para nosotros es completamente descabellada. Esto es la guinda de la torta de una mala administración que viene de hace años”, señaló.
Lepiske cuestionó que la Zona Franca siga siendo administrada bajo una lógica inmobiliaria, desconectada de los cambios del comercio y de la realidad de los usuarios. “La Zona Franca se sigue manejando como un negocio inmobiliario, como un sistema para exprimir al usuario hasta que no dé más, sin acompañar los cambios del comercio ni de la economía. Viven en una burbuja. Justifican viajes, crean gerencias, gastan recursos en sueldos y estructuras, pero el usuario sigue pagando tarifas altísimas, sin soluciones reales, mientras las ventas caen y el sistema se deteriora”, afirmó.
En su crítica, el dirigente también puso el foco en el impacto territorial del modelo. “Nosotros vivimos en Iquique, invertimos en Iquique, damos empleo en Iquique, y no es justo que los recursos no queden en la ciudad ni se traduzcan en desarrollo. Si vinieran y dijeran ‘nos equivocamos, vamos a cambiar la forma de administrar’, uno podría sentarse a conversar. Pero eso no ha pasado. Por eso, renovar la concesión de esta manera, a semanas de un cambio de gobierno, es una locura”.
Desde la Asociación de Importadores y Exportadores de la Zona Franca (AIEXPO), su presidente Marcos Tsai, puso el acento en el deterioro del comercio y en el peso de los costos operacionales. “Las normas que rigen la Zona Franca tienen más de 40 años y no se han actualizado. Hoy las ventas han bajado fuertemente (de Mall Zofri) y, al mismo tiempo, los costos operacionales han subido de manera considerable. Eso pone en riesgo la supervivencia de muchos de nuestros usuarios”, indicó.
Tsai también cuestionó el carácter centralizado de la toma de decisiones. “Seguimos sujetos a reglas unilaterales que no se discuten con los usuarios. Todo se decide desde Santiago, con directorios que vienen una vez al mes, mientras los problemas cotidianos se acumulan. Nosotros creemos que la administración debería ser regional, con gente de Iquique, que conozca la realidad y pueda tomar decisiones oportunas”.
Una visión más cauta fue planteada por Jaime Olivares, gerente de la Asociación de Empresarios (ASEM), quien si bien reconoció la necesidad de cambios profundos, advirtió que hoy no existen antecedentes suficientes para evaluar el nuevo contrato. “Antes de emitir un juicio hay que conocer el contrato. Hoy no sabemos de qué contrato estamos hablando, porque no es público y no hemos participado en su análisis. Eso es lo que más nos sorprende”, señaló.
Olivares recordó que existía un compromiso previo con el Ministerio de Hacienda para conformar una comisión amplia que analizara la nueva concesión. “Habíamos acordado formar una comisión con gremios, trabajadores y autoridades locales para analizar el nuevo contrato de concesión, considerando que el actual tiene más de 30 años. Eso no se cumplió. Por lo tanto, cualquier pronunciamiento serio requiere primero conocer las condiciones de la renovación”, dijo.
Desde la Asociación Usuarios Zofri (AUZ), su gerente, Darío Blanco, calificó directamente la renovación como una “ley de amarre” y cuestionó que no exista una justificación económica ni institucional para adelantar el proceso. “Para nosotros esto es una ley de amarre. No hay ninguna razón que justifique renovar anticipadamente la concesión de la Zona Franca, menos a semanas de un cambio de gobierno. En más de 30 años, la administración ha demostrado ineficiencia, falta de transparencia, falta de participación y falta de credibilidad”, sostuvo.
Blanco agregó que el modelo actual no genera incentivos para revertir la caída de las ventas. “La empresa no vende ni compra, su negocio es cobrar arriendos, y aun así las ventas de los usuarios vienen cayendo desde 2019, en promedio un 30% anual. Lo único que se ofrece con esta renovación es mantener el mismo 15% de concesión, sin un beneficio adicional para la región. Nadie ha visto el contrato, todo se ha hecho entre cuatro paredes”.
Reacciones políticas
El debate también escaló al Congreso. El actual diputado y senador electo Renzo Trisotti cuestionó la forma en que se llevó adelante el proceso. “El Gobierno ha decidido avanzar con la renovación de la concesión de Zofri S.A., pese a las legítimas aprehensiones, dudas y cuestionamientos legales que he planteado como parlamentario, al igual que alcaldes, dirigentes gremiales de los usuarios y los propios trabajadores de la zona franca. Esta decisión evidencia errores en los procedimientos y una preocupante falta de consideración regional. Un proceso de esta magnitud no puede resolverse desde Santiago, de espaldas a Tarapacá”
En la misma línea, la senadora Luz Ebensperger fue aún más dura en su evaluación. “El gobierno del Presidente Boric vuelve a improvisar. A puertas cerradas renuevan la concesión de la Zona Franca de Iquique para decir que ‘hicieron algo’, cuando lo único que logran con esta firma es dejar a la región amarrada a un modelo obsoleto, sin modernización ni proyección. Es una decisión mediocre, irresponsable y totalmente desconectada de la realidad de Iquique”.
Declaraciones de Zofri ante cuestionamientos
Desde Zofri salieron a defender la decisión de avanzar en la extensión de la concesión hasta 2050. A través de un comunicado, la compañía sostuvo que el proceso responde a una planificación de largo plazo y a un marco institucional validado técnicamente.
Al respecto, el presidente de Zofri, Iván Berríos Camilo, señaló que “este es un paso clave dentro de un proceso institucional serio, respaldado por análisis técnico, planificación estratégica, una mirada responsable de las inversiones que el territorio necesita y el proceso de modernización estructural que la compañía está impulsando para proyectarse con estándares competitivos y sostenibles hacia el futuro".
Agregó que "este trabajo además se ha construido considerando la visión de todos los actores relevantes del sistema franco, recogida a través del Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda y alineada con las Estrategias Regionales de Desarrollo de Tarapacá y Arica y Parinacota. Estamos hablando de un Plan de Inversiones inédito, superior a los $115 mil millones, que será evaluado en la próxima junta de accionistas".
Precisó que "este plan busca asegurar la proyección de largo plazo y dar certeza a los inversionistas, fortaleciendo el rol de la compañía como motor del desarrollo regional, resguardando miles de empleos y el impacto social que hoy se materializa, entre otras cosas, a través del aporte directo del 15% de nuestros ingresos brutos".
Y concluyó indicando que "gracias a este mecanismo, Zofri ha aportado a la fecha más de $ 200 mil millones, recursos que han beneficiado directamente a las 11 comunas de Tarapacá y Arica y Parinacota, contribuyendo al desarrollo territorial, a la inversión pública y a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
