Lapidario diagnóstico entregó este martes la Contraloría Regional de Valparaíso tras liberar cinco informes de auditoría que revisaron el uso de recursos fiscales durante la emergencia del megaincendio de febrero de 2024. La fiscalización, que abarcó a la Delegación Presidencial Regional (DPR), la Dirección Regional de Arquitectura (DRA) y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, detectó irregularidades que superan los $ 1.800 millones, incluyendo sobreprecios de hasta 220%, pagos por demoliciones fantasmas y coordinaciones informales vía WhatsApp entre autoridades y proveedores.
Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría ordenó la instrucción de sumarios administrativos y remitió los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para perseguir eventuales responsabilidades penales y civiles.
MOP: "WhatsApp" y sobreprecios en El Olivar
El caso más cuantioso se detectó en la Dirección Regional de Arquitectura (MOP). El Informe N°500/25 reveló un esquema de contratación irregular con la Empresa San Nicolás SpA para la demolición de viviendas en el sector del Olivar.
Según la auditoria, la empresa cobró $ 7,3 millones por vivienda demolida, un monto significativamente superior a los $ 3,5 millones que ofrecían otros competidores. La Contraloría constató que la entonces Directora Regional mantuvo comunicación directa vía WhatsApp con el representante de la empresa antes del proceso formal, lo que evidenciaría que la adjudicación estaba definida con antelación.
Además, se cuestionaron pagos por $ 782 millones en partidas como “cierres perimetrales” y "emparejamiento de terrenos” que no se ejecutaron o no tenían justificación técnica. En uno de los hallazgos más llamativos, se detectó que para respaldar los cobros la empresa utilizó fotografías repetidas o imágenes en las que las viviendas ya aparecían demolidas en la supuesta foto del “antes”.
Paralelamente, el Informe N° 805/25 detectó otros $ 434 millones en pagos indebidos por demoliciones parciales cobradas como totales y multas no cursadas a contratistas que incumplieron los plazos.
Delegación Presidencial: Maquinaria "fantasma" y choferes duplicados
La auditoría a la Delegación presidencial Regional (Informe N° 528/25) expuso un descontrol en el arriendo de maquinaria pesada, con observaciones que suman más de $ 568 millones.
La Contraloria detectó que las empresas contratadas vía trato directo, San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA, no contaban con maquinaria ni vehículos a su nombre al momento de la adjudicación, operando como intermediarios que subcontrataron informalmente los servicios.
Entre las irregularidades más fragantes, se pagaron más de $ 61 millones por arriendo de maquinaria cuyos los choferes figuraban condiciendo dos vehículos distintos (un camión y un minicargador) en el mismo horario y fecha, algo fisicamente imposible. Asimismo, se comprobaron sobreprecios exorbitantes: la DPR pagó hasta un 220% más que la Municipalidad de Quilpué por el arriendo de camiones tolvas y retroexcavadoras de características similares.
Municipios: Desorden en inventarios y riesgo de seguridad
En el ámbito municipal, la falta de control interno fue la constante. En Viña del Mar (Informe N° 503/25), la Contraloría constató que, a un año de la emergencia, el municipio mantenía $ 33 millones de donaciones en dinero "empozados" en una cuenta corriente sin utilizar. Adicionalmente, no se proporcionaron 1.280 actas de entrega de beneficios, lo que impidió verificar si la ayuda llegó efectivamente a los damnificados, y se detectaron diferencias injustificadas en los inventarios de colchones y carpas.
Por su parte, en Quilpué (Informe N° 535/25), se objetó la compra de 382 cocinillas a gas por casi $ 15 millones que no contaban con la certificación de seguridad de la SEC, lo que implicó un riesgo para los usuarios. También se reportó el extravío de 297 tarjetas SIM donadas por la Seremi de Transportes y la desaparición de estanques de agua desde el sector de tomas Calichero.
La Contraloría dio plazos de entre 30 y 60 días para que las entidades acrediten la restitución de fondos o regularicen las situaciones, advirtiendo que los "reparos" (juicios de cuentas) podrían hacerse efectivos contra el patrimonio de los funcionarios responsables si no se subsanan las observaciones.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
incendio
{{/if}}
